428 plazas sociosanitarias públicas nuevas para 2026 en Gran Canaria, en el aire
La última versión del Convenio de Dependencia y Discapacidad que propone el Gobierno de Canarias al Cabildo no incluye fondos para abrir varias residencias, nuevos acuerdos con el tercer sector y más horas de atención a domicilio
La creación de 428 nuevas plazas sociosanitarias públicas previstas en Gran Canaria en 2026, así como la ampliación en 131.000 horas de la ayuda a domicilio a personas mayores, que el Cabildo había pactado con el Gobierno de Canarias el pasado verano no figura en la última versión del Convenio de Dependencia y Discapacidad para el año que viene que la Comunidad Autónoma ha trasladado a la corporación insular, que se limita a financiar las plazas ya creadas y a incrementar el coste que abonará por cada usuario.
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Así lo denunciaron este jueves el presidente y la consejera de Política Social del Cabildo, Antonio Morales e Isabel Mena, respectivamente, que se mostraron muy críticos con el retraso que acumula la firma del convenio de 2025 y el contenido del que el Gobierno canario propone para 2026.
El convenio de 2025 sigue sin ser firmado -nunca se había retrasado tanto- y es el Cabildo la administración que está adelantando todos los gastos de financiación de las plazas sociosanitarias y de atención a las personas con discapacidad.
El de 2026 olvida que el Cabildo tiene previsto abrir los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI de Tamaraceite y el colegio El Drago, 200 plazas de atención diurna a mayores en distintos municipios y 236 plazas conveniadas con el tercer sector. Para ninguna de ellas pone fondos.
«El Gobierno de Canarias está generando una enorme distorsión en las políticas sociales«, sostiene Morales, para quien la actuación de la Comunidad Autónoma »quiebra la confianza y la seguridad jurídica entre administraciones« y genera incertidumbre en la hacienda insular por la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.
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Al respecto, detalló que de los casi 120 millones de euros previstos para financiar el Convenio de Dependencia y Discapacidad de 2025 en Gran Canaria, el Gobierno regional no ha ingresado hasta ahora ni un sólo euro de los 84 millones que le corresponde poner.
Isabel Mena subrayó que es la primera vez que el Gobierno de Canarias pide al Cabildo de Gran Canaria que frene la creación de nuevas plazas sociosanitarias para la atención a personas dependientes o con discapacidad y que lo hace cuando la corporación insular está a punto de poner en servicio varias residencias y convenios con el tercer sector para ampliar la red pública.
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·Es un absurdo estar creando centros y no poderlos abrir«, remarcó la consejera de Política Social, que, no obstante, incidió en que »estamos a tienmpo de corregir el rumbo«, lo que también declaró Morales, refiriéndose al trámite de aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 en el Parlamento de Canarias. «Se está a tiempo de corregir», indicó el presidente del Cabildo.
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