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Entre marzo de 2016 y julio de este año, los gobiernos central y canario recibieron nada menos que 46 escritos alertando de las carencias del sistema energético canario y de los riesgos que se derivaban de esa situación, peligros que afectaban a la continuidad del suministro de energía y también a los trabajadores de las centrales generadoras.
Los escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, fueron enviados por directivos de la compañía energética Endesa, responsable de la generación en las islas. Los remitentes eran del más alto nivel: las consejerías autonómicas y los ministerios con competencias en la materia, la Delegación del Gobierno, la secretaría de Estado de Energía, la Dirección General de Política Energética del Ejecutivo central y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
También fue advertido Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema, y que ahora, tras años de advertencia, se ha sumado a las voces que alertan de los riesgos del sistema energético en Canarias.
En todas las misivas, el contenido se refiere al déficit de potencia para hacer frente al incremento de demanda y la paradoja de que el Ministerio no acomete el procedimiento de concurrencia al que obliga la ley aprobada en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y siendo ministro de Industria José Manuel Soria.
Esa normativa es clave para entender la situación que vive el archipiélago: desde entonces, la ampliación de potencia o la simple renovación de equipos no puede ser acometida por la empresa generadoras (en este caso Endesa), sino que precisa de ese procedimiento de concurrencia por parte de Madrid. Y si Red Eléctrica no comparte esa necesidad -como sucedió durante años-, Endesa se queda, en la práctica, atada de manos y pies: sigue generando energía con equipos que van quedándose obsoletos y que son incapaces de atender la demanda.
En enero de este año, tras una larguísima espera, el Ministerio de Transición Ecológica sacó a trámite de audiencia la propuesta de resolución de la Secretaría de Estado de Energía para convocar ese procedimiento de concurrencia. Ese documento se basaba en un informe de REE de enero de 2022 para el quinquenio 2023-2027 y en el caso de La Gomera señala que a partir de 2026-2027 ya no hará falta potencia adicional porque estaría disponible la interconexión con Tenerife.
Fue precisamente el cero energético de este verano en La Gomera lo que puso al descubierto las carencias energéticas en esa isla y de manera generalizada en el archipiélago, con especial incidencia en Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
2007 año
Según las estimaciones de REE, hay un importante déficit de capacidad respecto a la potencia en vida útil de los grupos generadores de 709 megavatios en este 2023 y de 997 megavatios en 2027.
A esa estimación hay que añadir un matiz que Endesa estima clave: este año 528 megavatios de esa potencia adicional serían cubiertos con grupos con más de 25 años y en 2027 serían 647. La antigüedad de los equipos conlleva mayores emisiones contaminantes, aumenta el riesgo de fallos y a eso se añade que ya hay dificultades para encontrar en el mercado piezas de repuesto en caso de avería porque hay algunas que están ya descatalogadas.
Tras el apagón de La Gomera, el Gobierno canario está buscando fórmulas para resolver esa paradoja de un operador de generación que quiere invertir en renovación de equipos y ampliación de potencia pero al que no se le deja por la normativa y la inacción en abrir el procedimiento de concurrencia.
Esta semana el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, se ha sentado con la Federación de Cabildos Insulares para buscar vías alternativas. También Coalición Canaria ha incluido el asunto en las negociaciones en Madrid de cara al apoyo en la investidura de Alberto Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez.
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Silvia Fernández
Pedro Ortega es en la actualidad presidente de la Confederación Canaria de Empresarios; en julio de 2016 era consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario. El 14 de julio del citado año recibió una carta del director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, en la que buscaba su colaboración para acortar «los prolongados plazos de tramitación y las consecuencias que pudieran derivarse sobre la disponibilidad de la necesaria potencia en el sistema». Por ello, agrega que «sería necesario que el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad se iniciara cuanto antes, o se articulara un mecanismo para su aprobación inmediata».
Desde esa advertencia, por el Consejo de Ministros han pasado el PP y el PSOE, sin que se arbitrase un mecanismo que evitase ese procedimiento de concurrencia fijado en la ley de 2013 que aprobó José Manuel Soria -lo hizo en una etapa de confrontación abierta con algunos operadores eléctricos, pero en especial con Endesa, controlada accionarialmente por la italiana Enel-.
El propio Borja Prado, presidente de Endesa en 2018, remitió en enero de ese año una carta al entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtiéndole de que en la compañía eléctrica estaban «preocupados por el retraso en la convocatoria del procedimiento de concurrencia». Si no se resolvía con prontitud, estaría en juego, como señala en la misiva, «la seguridad del suministro eléctrico».
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