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Imagen del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. C7
Transición Ecológica asegura que la competencia del Oliva Beach es del Estado

Transición Ecológica asegura que la competencia del Oliva Beach es del Estado

El Ministerio insiste en que la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio recae en el Estado

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 29 de febrero 2024, 16:33

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) asegura que la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio, como la del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, recae en el Estado.

Así lo recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, asegura el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, señala que esta competencia «no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares)».

El Ministerio ha declarado la caducidad de la concesión del complejo hotelero y apartamentos Oliva Beach, ubicado en dominio público marítimo-terrestre en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura), «tras detectarse incumplimientos reiterados de la empresa Geafond, titular de una concesión otorgada de acuerdo con el régimen transitorio de ley de Costas sobre el complejo hotelero».

Esta concesión se otorgó en 2003 para compensar la pérdida de una propiedad preexistente al deslinde del dominio público marítimo terrestre.

En marzo de 2022, se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión, se recuerda en la nota.

Se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales, pero «la empresa no hizo ninguna de las dos cosas», destaca el Ministerio.

La resolución se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó ante la Audiencia Nacional. El recurso está pendiente de resolución.

Los incumplimientos de la empresa son la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos en ese título y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público, «lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión».

Los mismos incumplimientos que dieron lugar a la sanción constituyen causa de caducidad de la concesión, asegura el Ministerio.

Por ello, el 5 de julio de 2022, se incoó el procedimiento de caducidad de la concesión como obliga la normativa de costas.

A lo largo de la tramitación del expediente de caducidad se han dado varios trámites de audiencia a todos los interesados (asociaciones ecologistas, organizaciones de trabajadores, titulares registrales de varios apartamentos ajenos a Geafond, la propia Geafond y otros), indica el Ministerio.

El 7 de julio de 2023, el Consejo de Obras Públicas emitió dictamen favorable a la propuesta, que concluyendo que procede la declaración de caducidad del título concesional.

El 19 de julio de 2023, la Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de resolución de caducidad.

El 20 de septiembre de 2023, se remitió al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen el expediente de caducidad.

El 10 de octubre, el Consejo de Estado devolvió el expediente para que se completaran algunos trámites, que se llevaron a cabo, tras lo cual el expediente se volvió a remitir al supremo órgano consultivo el 4 de diciembre de 2023.

El 15 de febrero de 2024, el Consejo de Estado emitió dictaminó que procede declarar la caducidad de la concesión.

El 27 de febrero de 2024, concluyó el expediente de caducidad del complejo del Hotel y Apartamentos Oliva Beach, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró la caducidad de la concesión.

En la resolución de caducidad, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado, «se establece la obligación de la concesionaria de retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo no obstante la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, en tanto se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria«.

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