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La Fiscalía aprecia un supuesto delito de prevaricación administrativa imputable a cinco trabajadores de la oficina técnica del Ayuntamiento de La Oliva por la concesión de licencia de obra para un arenado y gavia en el yacimiento arqueológico de los Soles de Tejate en julio de 2015, cuando la pica acabó con parte de una de estas estructuras prehispánicas. La fiscal sostiene los investigados «silenciaron» la existencia del yacimiento, permitiendo, a sabiendas, la concesión de la licencia «absolutamente contraria a las Normas Urbanísticas y la protección del Patrimonio Histórico».
El caso se remonta a marzo de 2010, cuando el propietario del suelo solicita licencia de obra para un arenado y gavia en Tejate. Los informes de los técnicos municipales y de la abogada municipal se suceden desde entonces a favor del permiso basándose en que se localiza en suelo rústico. Finalmente, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de La Oliva da luz verde a la licencia de obra en octubre de 2011, aunque con la ausencia voluntaria de la entonces alcaldesa Claudina Morales.
Sin embargo, la Fiscalía apela al inventario arqueológico del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura (PIOF) que recoge este suelo como yacimiento «en su totalidad», aunque en ninguno de los informes municipales se refleja esta protección. En este sentido, recuerda que el artículo 65 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias establece, a la hora de conceder una autorización en un yacimiento, que requiere «un estudio detallado de impacto ecológico relativo a la incidencia o la actuación sobre los valores arqueológicos implicados. Sin dicho estudio no podrá concederse ninguna licencia».
La Fiscalía también argumenta la existencia del supuesto delito de prevaricación administrativa en base al informe realizado por el Servicio del Patrimonio Histórico del Cabildo que, en julio de 2015, confirma que la retroexcavadora usada para hacer la obra ha afectado «irremediablemente» al yacimiento de los Soles de Tejate, proponiendo la paralización inmediata de las obras para evitar «la destrucción y el deterioro» del conjunto arqueológico. La Corporación, mediante decreto, paró los trabajos de forma cautelar ese mismo mes.
Votemos La Oliva va más allá y asegura que, según los arqueólogos consultados, uno de los dos soles fue destruido en un 70%, por lo que apunta a un posible delito de daños al Patrimonio.
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