El proyecto del tramo central, que cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias aunque en los tribunales se paralizó por su impacto paisajístico, también contó con el rechazo institucional. El Cabildo majorero -trae a colación Lola García- impugnó la autorización del Ejecutivo autonómico en su momento, «durante la anterior legislatura, y fue ganado en primera y segunda instancia. Se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado en junio de 2018».
Con todo, «ahora nos imponen este tendido eléctrico y como institución insular no vamos a quedarnos parados. Ya mostramos nuestro rechazo en la anterior legislatura y lo seguimos haciendo, esté quien esté gobernando en el Ejecutivo regional«, concluye Lola García.
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