El Juzgado de lo Penal condena a inhabilitación a dos exalcaldesas

Es la primera para Claudina Morales y la segunda para Fernández

Catalina García / Puerto del Rosario

Dos exalcaldesas de La Oliva, la socialista Rosa Fernández y la nacionalista Claudina Morales, han sido condenadas a ocho y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, respectivamente, por cometer sendos delitos de prevaricación en el llamado caso Dedocracia, que resume el nombramiento de la interventora y la secretaria accidental y del tesorero sin convocatoria pública. Para Morales, que también fue senadora, parlamentaria regional y actual directora en funciones del Instituto Canario de la Mujer, es la primera inhabilitación, pero para Fernández es la segunda después de que no acatara la reapertura de un camino público siendo alcaldesa.

El caso Dedocracia es uno de los tantos que denunció Votemos Fuerteventura en el municipio de La Oliva, entre ellos el caso Hamacas o las dos denuncias por expolio del yacimiento de los Soles de Tejate. Votemos ejerció la acusación popular en esta ocasión contra ambas exalcaldesas de La Oliva que ahora el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario condena a la inhabilitación.

Tres puestos

En su etapa al frente del Ayuntamiento, la socialista Rosa Fernández nombró como interventora accidental a una funcionaria que es técnico administrativo y bachiller superior, por decreto y sin que se conformara un expediente administrativo. De igual modo, en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza.

Por su parte, la nacionalista Claudina Morales nombró en 2011 a otra funcionaria como secretaria accidental, cuando su puesto es de técnico administrativo y su formación bachiller superior. Para tesorero, que se creó en el año 2013, no se realizó la convocatoria pública y la acabó ocupando otro funcionario, que es auxiliar administrativo y graduado escolar. Votemos, a lo que se añadió la Fiscalía, denunció que los nombramientos se hicieron sin expediente y sin informe de la comunidad autónoma, entre otras irregularidades