«El docente es en el aula una autoridad pública»

Huerga Navarro es el responsable del servicio de Defensor del Docente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), que se activó este lunes por la agresión a una profesora en un colegio majorero.

Catalina García
CATALINA GARCÍA

— La sentencia que condena a cuatro meses de cárcel a una madre de alumna por agredir a una profesora este lunes en un centro educativo de Fuerteventura, ¿es pionera en Canarias o ya en otras islas se han producido condenas similares?

— Ya existen antecedentes. Tenemos varias sentencias judiciales en el mismo sentido de considerar una agresión a un docente como un delito, que es algo que ya se recoge en la Lomce, que establece como autoridad pública la figura del profesor por lo que las agresiones no deben ser tipificadas como faltas.

— La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) se activó en 147 casos durante el curso pasado en Canarias: 75 en la provincia de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. ¿Cómo queda Fuerteventura en esta estadística de agresiones a los profesores en las aulas?

— Lo cierto es que no hay una isla que destaque por encima de la otra en lo tocante a la conflictividad en el aula. Si es verdad que la conflictividad tiene especial incidencia cuando se tratan de centros educativos ubicados en zonas más complejas y marginales.

— ¿Puede concluirse que esta conflictividad es mayor según los niveles educativos puesto que la misma estadística de ANPE arroja que el mayor número de ataques tiene lugar en Educación Secundaria?

— Sí que es cierto que las agresiones por parte de padres y madres a docentes se dan más en niveles inferiores, esto es en los colegios, mientras que los ataques por parte de alumnos a profesores se repiten más en Educación Secundaria y Bachillerato.

— En el caso de esta semana en un centro educativo de Fuerteventura, la madre agresora ha sido condenada a cuatro meses de cárcel, más multa de cuatro euros por día durante 20 días. ¿También se repite la pena de prisión en otros casos?

— Sí, en Canarias y también en el resto de España se han dictado sentencias similares que reconocen que es un delito y que por tanto conlleva pena de prisión. Lo que sucede es que, por ser una pena de menos de un año, no es efectiva. Pero lo cierto es que es un antecedente penal, lo que supone que ese padre o esa madre la próxima vez puede ir a la cárcel.

— ¿Cómo se siente el profesor en estos casos de agresiones: desprotegido, vulnerable o temeroso de que se vuelva a repetir un suceso similar?

— La primera reacción que he detectado en estos diez años al frente del Defensor del Docente es la desprotección porque al resto de la comunidad educativa no les interesa implicarse en el tema, lo que acrecienta aún más la sensación de abandono y convierte la vuelta al aula en aún más complicada y se retrasa más por miedo a que se vuelva a repetir la agresión. Esto sucede tanto cuando la agresión parte de un alumno o o de un padre o madre. En el caso del alumno agresor, si no ha sido expulsado del centro, el temor que siente el docente es aún mayor porque a ese estudiante te lo vas a encontrar en el centro. Y, por cierto, es un miedo que dura bastante. Por suerte, se están activando cada vez más las órdenes de alejamiento.

— ¿Cuándo usted habla de la comunidad educativa que no apoya al docente agredido, se refiere al resto de compañeros profesores, a los alumnos o a las Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de cada centro?

— Existe una sensación entre los docentes de que a mí no nunca me va a ocurrir. Más que también es propio del género humano huir de los problemas y no implicarse, cuando lo que hay que hacer es ser más empáticos y ponerse en la piel de esa persona agredida para saber cómo se siente.

— Dígame, ¿este tipo de agresiones es habitual o excepcional en las aulas de Canarias en general y de Fuerteventura en particular?

— Son excepcionales. El hecho de que tengan tanta repercusión mediática es por su gravedad y sobre todo por que la pena es ejemplarizante. Lo cierto es que la comunidad educativa en su conjunto tiene que saber que agredir a un docente tiene unas consecuencias penales porque es una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y las leyes le protegen. Un profesor en el aula es como un policía que ejerce sus labores diarias.

— Sorprende la rapidez del caso de la agresión física a la profesora de Fuerteventura: la madre le propinó la bofetada y la arañó este lunes durante la entrega de notas, se presentó la demanda judicial el martes y el mismo martes se celebró el juicio y el jueves ya se difundió la sentencia.

— No siempre sucede así. Depende de los juzgados. En Gran Canaria, por ejemplo, nunca hemos tenido un juicio tan rápido como en Fuerteventura que efectivamente fue el mismo día que se presentó la denuncia.

— Este tipo de ataques físicos se repite en otros ámbitos como por ejemplo el sanitario donde cada vez son más frecuentes contra los médicos, sean en el área de urgencias, sean en consultas de medicina general de los centros de salud.

— Por desgracia, en Sanidad también se repiten la agresiones y ya los médicos están reclamando que se les considere como tal porque de hecho son empleados públicos. En Educación, los docentes están reconocidos en la Lomce como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, aunque la Fiscalía lo lleva recomendando hace varios años y la jurisprudencia así lo reconoce antes de la Lomce.

— ¿Estas agresiones a los docentes son consecuencia del cambio de visión de la sociedad que antes miraba con más respeto a los profesores, a los médicos y las enfermeras y ahora tiene otras connotaciones?

— Tiene mucho que ver con que la autoridad, a nivel general y no sólo al docente, se percibe de forma distorsionada. A lo que se añade que se parte de que no pasa nada, en el sentido de que se cree que agredir a un docente no tiene unas consecuencias. Eso ocurre mucho entre el alumnado, que considera que agredir e insultar a un profesor sale muy barato.

— ¿Cómo debe actuar el profesor cuando es víctima de una agresión?

— Lo primero es que se active el protocolo del centro que la Consejería de Educación del Gobierno ha elaborado para este tipo de sucesos y que es diferente en el caso de que el agresor sea un alumno a que sea un padre o una madre. En el caso de un estudiantes, el protocolo manda que la denuncia se derive por la Fiscalía de Menores. Si se trata de un progenitor, la víctima debe acudir al centro de salud acompañado de un miembro del equipo directivo del centro y luego acudir a denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. El caso es que la Consejería de Educación se ha comprometido a que, aunque la norma aún está en fase de borrador, sea la que asuma esa defensa jurídica y el asesoramiento de los docentes. Sin embargo, la realidad es que somos los sindicatos, en este caso la ANPE a través del servicio del Defensor del Docente, seguimos asumiendo esa tarea de manera gratuita porque, hasta la fecha, la Consejería de Educación del Ejecutivo autónomo no lo hace.