Diputados majoreros piden suspender expedientes del Oliva Beach y Tres Islas

En el documento, al que ha accedido Efe, los representantes políticos majoreros piden al Ejecutivo autonómico que se persone en los expedientes incoados por la Demarcación de Costas de Canarias de declaración de caducidad de las concesiones sobre los terrenos e instalaciones de estos hoteles y pida su suspensión.

«De acuerdo con la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, es al Gobierno de Canarias al que compete la gestión sobre estos espacios. Por lo tanto, cualquier nueva decisión al respecto de estos dos hoteles debe realizarse en Canarias», han señalado los diputados.

También han solicitado que «les mantengan informados» de los pasos que se vayan dando en relación a estos expedientes y la transferencia efectiva de las competencias en materia de costas, de manera que se pueda «dar tranquilidad» a las más de 700 familias «que están viendo peligrar sus puestos de trabajo».

De igual forma, han pedido una reunión al Gobierno a la que asistirían un número reducido de los representantes sociales de los hoteles afectados «con el fin de que informe de los pasos que se han dado en relación a estos expedientes y a la transferencia efectiva de las competencias en materia de costas».

Este viernes, preguntado por esta cuestión, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que «nadie puede tener esperanzas de que no se aplique la ley», una vez que se transfieran las competencias de costas a la comunidad autónoma, y se ha mostrado preocupado por los 700 puestos de trabajo que corren peligro.

«La ley hay que acatarla y se deben hacer las cosas dentro de la legalidad», ha expuesto Torres en declaraciones a los periodistas.

En esta línea también se pronunció este jueves en un acto en Gran Canaria la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien aseguró que la transferencia de la gestión de costas a Canarias «no va a cambiar la ley«, que seguirá afectando, por tanto, a una parte del Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, al norte de Fuerteventura.

Preguntada por la situación de este hotel, la vicepresidenta tercera del Gobierno recordó que se trata de «un expediente largo en el que ha habido pronunciamientos de distintas instancias públicas y que pone de manifiesto que hay una parte de las instalaciones que es compatible con la Ley de Costas y otra que tiene problemas serios de legalidad, algo que saben sus propietarios«