«El Estado no está velando por el interés de los menores migrantes y su no discriminación»

– En sus dos décadas de trayectoria le tocó vivir en 2006 la conocida como la 'crisis de los cayucos' y posteriormente, en el 2020, la situación límite que se vivió en el «muelle de la vergüenza», en Arguineguín. ¿Qué ha cambiado desde en este tiempo?

– Hemos aprendido a dar una mejor acogida, unos mejores protocolos de asistencia de llegada de los extranjeros y una mejor tramitación de los procedimientos. Somos más respetuosos con el fenómeno migratorio que hace años. Sin embargo, no ha cambiado mucho en el sentido de que ya en el año 2006 aparecieron esas embarcaciones llamadas cayucos. Y bueno, han cambiado los motivos: las personas no solo huyen de la situación económica, también lo hacen de realidades complejas políticamente hablando y también de crisis ambientales.

– Bajo su punto de vista, ¿cree que el Gobierno de España y Europa son conscientes de la crisis migratoria que se vive en las islas?

– Creo que tanto Europa como España saben que estamos viviendo una masiva llegada de personas que no es casual, sino que tiene un carácter estructural y que va a ser así durante mucho tiempo. Son conocedores de que estamos soportando una cantidad de menores no acompañados que supera con creces a lo que acogen otras comunidades autónomas. Las soluciones son de carácter político y a ellas se tiene que llegar con diálogos sosegados y con tiempo. Esto no es que se resuelva de un día para otro, tiene que haber un amplio consenso al respecto y creo que la propia legislación existente actualmente en España permite que eso se pueda hacer.

– Canarias tiene bajo su tutela a más de 5.000 menores migrantes no acompañados, para los que se pide un reparto obligatorio entre comunidades. ¿Qué opina de esta petición?

– Yo estoy a favor de que se solucione, de que haya un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas. Considero que los flujos migratorios dependen del Estado central, y no podemos hacer una diferencia entre si son mayores o menores. Es todo un concepto generalizado: flujo migratorio. Entiendo que si la competencia de la inmigración y de la gestión de las migraciones corresponde al Estado, también lo tiene que hacer la gestión de las migraciones de los menores de edad.

– Lo que pasaría por una reforma legislativa...

– Las propias leyes existentes en España dan solución a ese posible traslado y reparto de menores, siempre y cuando el Estado asuma que esto es de competencia estatal. También se tiene que aceptar que el Estado coordine el reparto de los menores no como hasta ahora, que es voluntario, sino que sea a través de una unidad nacional de derivación de menores que reparta todo el territorio nacional para que los menores tengan las mismas oportunidades de integración, se encuentren en una comunidad autónoma u otra. Lo que está claro es que, si Canarias acoge a más de 5.000 menores extranjeros no acompañados, más los menores españoles o comunitarios que se encuentran sometidos bajo su tutela, estas personas no van a tener las mismas oportunidades de integración que otros menores que se encuentran en otros territorios que soportan una menor presión.

– Para así garantizar que se cumplan los derechos del menor...

– La ley lo que establece es que debe procurarse la integración de los extranjeros dentro del territorio nacional y máximo los menores. Debemos aplicar el interés superior del menor y, desde luego, ahora mismo, por parte del Estado, no se está velando por ese interés superior ni tampoco por la no discriminación, otro de los pilares básicos del derecho del menor. Mientras más soporte la comunidad autónoma y tenga que integrarlos y darles medios y recursos, más van a mermarse en comparación a otros que tengan menos niños y que puedan dar esos recursos a los que tienen tutelados con mejores condiciones. La normativa existe, lo que debe haber es voluntad política para entender que efectivamente los flujos migratorios de menores forman parte de los flujos migratorios en general. Por tanto, si derivamos a mayores a otros lugares de España para lograr su integración, ¿por qué no vamos a derivar a menores para también lograr su integración y además velar por su interés superior y no discriminación?

– Las pruebas de estimación de edad pueden llegar tarde y mal. ¿Qué se necesita para que cambie esta situación?

– Es verdad que hubo un momento en el que se tardó muchísimo, pero derivado de la propia pandemia. En una primera crisis, en 2020, llegaron muchos menores de edad y los hospitales solamente permitían hacer cinco radiografías de la mano y tres de la ortopantomografía. En la provincia de Las Palmas conseguimos eliminar esos retrasos de manera más o menos satisfactoria. Teníamos engrasada la máquina para poder trabajar de manera continuada. Sin embargo, la llegada masiva a partir del mes de septiembre de 2023 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife los cogió sin que la máquina estuviera engrasada.

– ¿Y cómo se explican estos atascos en la provincia occidental?

– Pasaron de haber gestionado a penas 200 expedientes el año anterior a más de 2.000 expedientes. Desde la Fiscalía autonómica se tomaron medidas y se consiguió rebajar el índice de pendencia. Allí se abrían expedientes de determinación de la edad para los casos de menores que a simple vista lo parecían. No se puede hacer una prueba a un niño que ya se sabe que es un niño y también a mayores evidentes. Se les abría expedientes a personas que simplemente por su voluntad decían que eran menores de edad. Eso hizo que se engordara muchísimo los números de expedientes a resolver.

– La legislación española y los dictámenes de Naciones Unidas estipulan que, en caso de duda, hay que tratar a los jóvenes migrantes como menores, ¿cree que se está cumpliendo?

– No hay discusión en que todas aquellas personas que sean identificadas como presuntos menores son tratadas como menores. Ahora bien, no se le trata como menor a aquella persona que simplemente diga que lo es. Obviamente, si yo digo que soy menor, no hay nadie que se lo crea, por lo tanto, la duda tiene que salir de la autoridad gubernativa, en este caso la policía, cuando llegan a puerto. Esto puede fallar, por supuesto. Hemos mantenido protocolos de actuación con los centros de acogida de mayores de edad, con entidades como Cruz Roja, para que hagan un segundo cribado con personas formadas, trabajadores sociales que puedan comunicar a la Fiscalía la existencia de posibles menores que se encuentran en sus centros. Inmediatamente nos comunican esa circunstancia con un informe o con lo que quiera que sea, nosotros los sacamos de allí y los sometemos a las pruebas ya estando en un centro de menores.

– Un estudio desveló que la Fiscalía solicita en Canarias penas más duras para los patrones de pateras que en otras comunidades. ¿Es esto así?

–Ni más duras ni más blandas, nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, que establece que la persona que patronea una patera tiene como pena base de cuatro a ocho años de prisión. Para el Código Penal el delito es muy grave, se pone en juego la vida de muchísimas personas. Muchas veces hemos constatado que el patrón de esa patera no deja de ser un inmigrante que intenta buscar una vida mejor en España o en Europa. Asume unos riesgos importantes, como la posibilidad de que sea condenado. Considero que la pena justa no pueden ser ocho años de prisión. El Código Penal establece que teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor se puede rebajar la pena entre dos y cuatro años. Entre ese margen, una pena justa serían tres años de prisión. ¿Que en la península se ponen menos años? Hay sentencias en las que sí y sentencias en las que no. Cruzar el Mediterráneo y cruzar el Atlántico son cosas distintas. En ese estudio se olvida claramente los hechos probados de la sentencia, donde se relatan cuales fueron las condiciones del viaje.

–El Gobierno tiene la intención de crear un centro de acogida en Lanzarote con 400 plazas. ¿Es una solución?

–Ahora mismo en la isla hay un CATE con una capacidad para 300 personas. No es un lugar adecuado para la acogida inmediata de estas personas y realizar los trámites allí, es un solar con tiendas de campaña. Teniendo en cuenta que Lanzarote es un lugar de llegada continua, lo ideal es que hubiera un sitio mejor para realizar las labores de acogida de esas primeras 72 horas de llegada de los extranjero. Canarias ya no vive una situación de emergencia, es estructural, con lo cual deben existir centros preparados.

–¿Cree que España debería poner en marcha una política de acogida mejor enfocada a la formar a las personas migrantes para favorecer su integración?

–Corren muchos bulos acerca de las migraciones, que si se forman guetos, que si a nivel educativo fastidian a los niños españoles porque bajan el nivel... Es verdad que cuando uno se va fuera intenta buscar a sus compatriotas, le pasa a todo el mundo. Lo que hay que buscar es que esa integración sea real y efectiva y que existan esas posibilidades de integración.

–¿Cómo ve el horizonte de aquí a cinco o diez años?

–En la misma tendencia que ahora. Creo que lo único que nos queda es mejorar y pulir cosas que faltan, por ejemplo una nueva ley para la determinación de la edad, que a los menores se les tenga la asistencia letrada, que exista un reparto coherente de menores extranjeros, que se modifique la ley de Extranjería en algunos puntos y la ley de Asilo en otros... Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que la materia de Extranjería es muy controvertida.

–En Canarias, ¿hay muchas líneas de investigación relacionadas con la trata de personas?

–El delito de trata es muy complejo, no solo jurídicamente, sino también desde el punto de vista técnico y de investigación. Tenemos unas cuantas investigaciones abiertas ahora mismo en las islas, pero esta es otra de las materias en las que hace falta una legislación integral, lo cual es otro de los aspectos que también solicitamos desde la Fiscalía. Es necesario que se haga desde hace muchos años.