«En España se puede multar a los puteros y eso no ha servido»

«En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros. (...) Las medidas más urgentes y que mejor nos pueden permitir luchar contra la explotación sexual tienen que ver con atajar el origen: la impunidad de la industria proxeneta».

La titular de Igualdad explica que las prioridades del Ejecutivo para avanzar en la lucha contra la explotación sexual pasan por reforzar la capacidad de perseguir a los proxenetas y por acabar con la «absoluta desprotección» de las mujeres víctimas y en contextos de prostitución.

A través de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Ejecutivo pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, esto es, alquilar locales donde se explota a mujeres. «Creo que vamos a ir más lejos que cualquier gobierno en esta materia. Acabar con la impunidad de la industria proxeneta, a pesar de saber que son personas muy poderosas, a las que nadie ha tocado y que han permanecido en la impunidad siempre. Y, por otra parte, garantizar los derechos de las mujeres», subraya. Aun así, Montero reconoce que «seguramente sea insuficiente», pero estas medidas son un «primer paso necesario e imprescindible» que tiene que ir acompañado de una «vía fuerte de ofrecimiento de alternativas sociales, laborales y habitacionales» a las víctimas y del impulso de una ley de trata.

Igualdad y Trabajo están «corriendo» para poder poner en marcha un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de trata y prostituidas.

La futura ley de garantía integral de la libertad sexual, que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y equiparará las violencias sexuales a la violencia de género, dará «pasos significativos» a finales de año o principios de 2021. A Montero no le «cabe duda» de que recibirá un respaldo mayoritario del Parlamento pues se trata de una norma que protegerá «a las mujeres de todas las formas de violencias machistas», aunque la extrema derecha la niega.

«El Parlamento español es un Parlamento de mayoría feminista democrática que entiende que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es intolerable. (...) El Parlamento va a aprobar la ley y solamente la extrema derecha y la derecha extremada se va a quedar en el mensaje criminal de cuestionar la violencia de género», alertar. En cuanto al PP, «lo razonable y esperable» es contar con su apoyo.

Otros cambios que quiere abordar es la modificación de la ley del aborto y reconocer la explotación reproductiva, los vientres de alquiler, como una forma de violencia machista.