Domínguez admitió ante el fiscal que no hizo una mínima comprobación sobre RR7

En este interrogatorio que tuvo lugar el 6 de julio en el marco de la diligencias preprocesales realizadas sobre el caso Mascarillas y al que ha tenido acceso este periódico, Ródenas insistió al investigado si nunca se preocupó por conocer a qué se dedicaba la adjudicataria, quiénes eran sus responsables, de dónde vendría la mercancía y tener acceso también su número de lote para comprobar si eran o no falsas. Es decir, recabar una mínima información sobre una empresa a la que iba a adjudicar un contrato de cuatro millones de euros por un producto de la marca 3M que él mismo reconoció en su comparecencia que era complicado conseguir en el mercado en aquella época.

A estas cuestiones, Domínguez le respondió que no preguntó ni pidió nada, solo «la tarjeta de identificación fiscal» al intermediario Samuel Machín, a pesar de que fue él personalmente quien recomendó vía WhatsApp la contratación urgente a la dirección general de Recursos Económicos del SCS y luego les dio una segunda oportunidad modificando un contrato extinguido tras el primer incumplimiento.

«Si hubiera tenido dudas...», sostuvo el investigado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, pero el fiscal mostró su sorpresa ante ese comentario respondiéndole: «¿Pero cómo va a tener dudas si no preguntó nada? No quiso indagar más y había muchas alertas para activar... Entiendo que de un experto se exige algo más y un experto pregunta los datos claves», sostuvo el representante del Ministerio Público.

«Usted está considerado un buen gestor y ha tenido cargos importantes. ¿Qué vio en Samuel Machín para depositar su confianza y desembolsar cuatro millones de euros a la empresa RR7 de la que dice ser su representante?», cuestionó Ródenas al investigado. «Estábamos en una situación de crisis y teníamos que tomar decisiones. En este caso, Samuel Machín nos dio la posibilidad de acceder a un tipo de mascarillas, dijeron que tenían contacto con un colaborador de 3M que disponía de este material y podían destinar una parte al SCS», alegó el director del SCS.

«Pero cuando alguien llega diciendo que tiene ese producto. ¿Tiene que desconfiar, ¿no? ¿Viene una persona representante de una empresa de coches y usted confía en él? ¿Qué le dijo, cuál fue la palabra mágica?», volvió a insistir el fiscal: «No, la palabra mágica no. Ellos tenían un colaborador y podían suministrar esas mascarillas», respondió de forma escueta y añadió que no consideró «pertinente» indagar sobre quién era ese supuesto colaborador. «No le pregunté, me dijo que tenía unas partidas en África y que podían traerlas. No le pregunté cómo se llamaba».

Domínguez responsabilizó en su declaración del grueso de las negociaciones, contratación y pago íntegro por anticipado a RR7 United a la directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, también investigada por los mismos delitos. «Yo no decido administrativamente -la adjudicación del contrato-, yo propongo una oferta y entiendo que Ana María, dentro de sus competencias la ejecuta, pero en ningún caso es una orden más allá de esa relación que podamos tener de confianza. No es una orden de un superior jerárquico», explicó Domínguez.

Narró que su función antes de ser director del SCS era la de «ayudar» y que «visto con esta perspectiva, ni hubiera participado en el comité porque estas son las consecuencias. [...] Seguramente alguna de las decisiones que se tomaron las habría hecho diferentes, pero lo prioritario era conseguir el material», detalló.