«Dejaríamos un poco en inactivo el reintegro a cambio de traer las mascarillas para resolver el problema»

El director del Servicio Canario de Salud declaró al fiscal Anticorrupción que se enteró de que el contrato con RR7 se había resuelto por incumplimiento por medio de la también investigada Ana María Pérez

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

El director del Servicio Canario de Salud declaró al fiscal Anticorrupción que se enteró de que el contrato con RR7 se había resuelto por incumplimiento por medio de la también investigada Ana María Pérez: «Pasados los tres meses y después del asunto de las mascarillas que vinieron y parece que eran falsas», alegó. «Pedimos información y la Agencia Tributaria no nos la facilitó porque no éramos parte y Ana me comunicó que las iban a quemar. Por eso iniciamos el expediente de reintegro», manifestó.

Añadió que creía que «fue Ana quien habló con él», en referencia al intermediario Samuel Machín, a pesar de que los mensajes de WhatsApp aportados por este último evidenciaban que mantenía una comunicación fluida con el director del SCS.

Independientemente de la resolución del contrato por traer unas mascarillas falsas, declaró que Ana María Pérez le hizo «llegar que la empresa había hecho otra propuesta de suministrarnos unas mascarillas de la marca Honeywell, que además iban a mandar una prueba, y existía la posibilidad de traer esas mascarillas en vez de devolver el dinero», contó. «Dejaríamos un poco en inactivo el reintegro a cambio de traer las mascarillas y así resolveríamos el problema. Todo ello sabiendo que el dinero estaba fuera de las arcas públicas».

El fiscal le respondió que, en cualquier caso, «el problema lo tendría RR7 que era el incumplidor, ¿no?», pero Domínguez le respondió que «el SCS también porque habíamos hecho un desembolso que recuperar y seguíamos necesitando las mascarillas. Estábamos en una ola importante [...] y necesitábamos las mascarillas FFP3», todo ello a pesar de que el cargamento prometido era de cubrebocas FFP2.

«Desde luego me sentí muy mal en lo personal y en lo profesional», expuso Domínguez ante la pregunta de si se sintió estafado por las mascarillas falsas. «Vinieron y parece ser que no eran originales, por lo que la sensación era de mejor desaparecer de mapa». Aún así, dijo que fue Ana María Pérez y no él como director del SCS la que se encargó de hablar con los servicios jurídicos «y creo que a principios de diciembre estaba en conversaciones con la viceconsejera a ver si, aparte de la Agencia Tributaria, teníamos que ejercer otro tipo de acción. Si no recuerdo mal, creo que nos trasladaron que teníamos que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía», cosa que no hizo.