Las cuentas mantienen un gasto equilibrado en las islas capitalinas y se vuelcan con La Palma
El Gobierno garantiza 100 millones de euros ampliables para dar cobertura a las necesidades de la emergencia volcánica
Las inversiones a nivel territorial para los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio tendrán a La Palma como protagonista con el objetivo de contribuir a la pronta recuperación de la isla. En 2022 contará con un total de 95,1 millones, un 32% más con respecto al año anterior, situándose junto a Lanzarote -que contará con 95,3 millones- por detrás de las islas capitalinas en el gasto.
En términos absolutos, Tenerife encabeza la lista con 214,1 millones, seguida de Gran Canaria con 206,6 millones. Ambas crecen de manera equilibrada y acumulan alrededor del 30% del total del presupuesto. Por su parte, la partida destinada a Fuerteventura sube un 16,6% y alcanza los 87,4 millones; La Gomera, con un 19,4% más, contará con 57 millones y El Hierro, 28,8 millones, un incremento del 16,7%. La partida que vincula a varias islas también aumenta un 13,8% hasta los 594,9 millones, mientras que lo único que decrece es la inversión exterior, un 13% hasta alrededor de tres millones.
Con esta distribución, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anunció ayer en la presentación de las cuentas para 2022 que el Ejecutivo garantizará la disponibilidad de un crédito adicional de 100 millones de euros ampliables en La Palma, con cobertura o sin cobertura en función de las demandas y necesidades que establezcan los programas de reconstrucción. El Ejecutivo autonómico ya ha movilizado alrededor de 40 millones de euros para atender la emergencia volcánica, destinados a la adquisición de viviendas, el mantenimiento de los desalojados en los hoteles o ayudas al sector agrario, entre otros.
El Gobierno también pretende dar un nuevo alivio fiscal a los afectados por la erupción, reduciendo «al límite de las capacidades autonómicas» la cuota del IRPF que incluye deducciones de hasta 2.000 euros por infraestructuras destruidas o del 35% por enfermedad. Esta medida se suma a las ya contenidas en el decreto ley aprobado el pasado 30 de septiembre, que estableció el aplazamiento de las deudas y eliminó el IGIC para las actividades vinculadas con los dañados, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de donaciones y actos jurídicos documentados hasta el 2026. Una iniciativa cuyos plazos, según Rodríguez, volverán a ampliar a medida que avancen los próximos meses.
Por otro lado, el consejero aventuró que a lo largo del año se incrementarán aún más estas partidas, ya que existe un gran interés por parte del presidente del Estado y la comunidad internacional. «En los PGE no hay un apartado específico para La Palma, pero estamos seguros de que se va a invertir mucho dinero y que vamos a captar recursos también de la Unión Europea».
En este sentido, Rodríguez se mostró confiado y aseguró que en el próximo ejercicio la dificultad no estará en la obtención de recursos económicos sino en su organización y la distribución. De hecho, reconoció que las administraciones públicas debían «suplir esfuerzos, como ya se ha hecho» y que a pesar de que en la actualidad la capacidad de gestión es diversa y la catástrofe ocupa una gran parte del trabajo, «no se entendería que se abandonaran otros asuntos ordinarios».
Así, puso en valor el decreto ley aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno con el que se establece un registro único para los dañados por la erupción, con el fin de que «la gente tenga que presentar los papeles una sola vez». Lo que se pretende, explicó, es ser más ágiles en la respuesta y romper con la «tónica dominante» de los retrasos en las ayudas a nivel nacional. «Las rebajas fiscales, por ejemplo, son inmediatas y no hay que gestionarlas». Con ello alabó el proyecto de la Consejería, a la que aún le queda por delante articular una propuesta de planificación para el futuro de la isla. Y esta, a juicio del consejero, debe ser «rápida, justa y garantista».
