Una de las reuniones del Comité presidido por Torres. / Gobierno canario

El Comité presidido por Torres decidía

Pérez declaró que los nombres de las empresas procedían de ese órgano

F.S.A. / FCO.J.F. Las Palmas de Gran Canaria

El pasado 20 de junio declaró como investigada ante el fiscal Anticorrupción Ana María Pérez, que era directora general de Recursos Económicos de Sanidad cuando se formalizó el contrato con RR7. En su declaración, apuntaal Comité de Emergencia Sanitaria -al que ella llama «comité de expertos»-, como el origen de las órdenes sobre con qué empresas contratar material sanitario.

Ese Comité estaba presidido por el presidente Ángel Víctor Torres y en su primera reunión se incorporó Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas y que dirigió el SCS con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) como presidente.

Según relató Pérez al final, en un primer momento fue su dirección general quien empezó a contactar «con las empresas habituales para ver qué material tenían, qué material nos podían ofrecer. El poco material se lo íbamos adquiriendo a través de los contratos de emergencia conforme al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero ese material no era suficiente, los sanitarios estaban demandando más material. Por parte del Gobierno se creó el Comité de Expertos para la gestión de la crisis. En ese Comité de Expertos, tengo entendido, según me han contado, había una subdelegación que se encargaba de conseguir proveedores para la adquisición de material sanitario de protección. O sea, que había unas determinadas dentro del comité cuyas funciones eran la de conseguir este tipo de material. Un miembro de ese comité era quien se ponía en contacto con la Dirección General para comunicarnos que había conseguido una empresa, que había llegado a un acuerdo con una empresa y que lo tramitáramos nosotros, nos decía las condiciones del acuerdo, nos mandaba la oferta, nos decía el NIF de la empresa, y nos mandaba la información para que la Dirección General se dedicara a la tramitación del expediente, a la tramitación del pago y al seguimiento del material para después poderlo repartir entre todas las gerencias».

Según el relato de la querella de Anticorrupción que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, el contacto con RR7 se lo dio Conrado Domínguez a Ana María Pérez. Domínguez lo consiguió a través de su amistad con Osvaldo Lastra, que hizo de intermediario en la operación junto a Samuel Machín. Y Samuel Machín fue en todo momento la persona de conexión entre RR7 y el Servicio Canario de Salud, intercambiando mensajes con Conrado Domínguez y la propia Ana María Pérez.

El juez ha accedido a la petición del fiscal de dirigirse al Gobierno para que le informe sobre ese Comité de Emergencia, quiénes lo integraban, qué cometidos tenía y quiénes estaban al tanto del contacto con RR7 y de las gestiones que hacía Conrado Domínguez, Según publicó en marzo de 2020 el propio Gobierno, el Comité, presidido por Torres, contaba con los consejeros de Sanidad (primero Teresa Cruz y después Julio Pérez), Presidencia, Obras Públicas y Hacienda. También estaban los viceconsejeros Antonio Olivera y Ricardo Pérez y los directores Conrado Domínguez y José Julián Ystúriz. En un primer momento estuvo Blanca Méndez, directora del SCS, pero que fue cesada a finales de marzo de 2020 y sustituida temporalmente por Olivera, hasta que en septiembre de 2020 Conrado Domínguez fue nombrado director del Servicio Canario de Salud.