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Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 10 de junio 2021, 11:46
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La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Aguas, ha comunicado que esta semana la Comisión Europea ha cerrado el procedimiento abierto en marzo de 2018 a Canarias por el incumplimiento de su directiva 2007/60/EC, al no tener aprobados los Planes Especiales de Gestión del Riesgo de Inundación (PEGRI) de las diferentes demarcaciones hidrográficas.
El director general autonómico de Aguas, Víctor Navarro, celebró que «se vean los resultados del intenso trabajo realizado en el Archipiélago para actualizar y aprobar con rapidez todos los Planes de riesgo de inundación pendientes».
En el mes de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó definitivamente el decreto del PEGRI de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, con el que se culminaba la aprobación de todos los PEGRI de Canarias evitando, además, las sanciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante los retrasos en los plazos incumplidos en anteriores legislaturas. En sesiones anteriores se habían aprobado los de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, Lanzarote y La Palma.
El PEGRI establece como objetivo fundamental la protección contra inundaciones, reduciendo el riesgo existente a través de distintas medidas centradas en la preparación, la prevención y la protección.
«Desde el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares aceleramos todo lo que pudimos su aprobación para evitar, no solo una dura sanción económica, sino también el perjuicio medioambiental y de salud que podía suponer para los ciudadanos no tenerlos», explicó Navarro.
La aprobación de estos planes es importante, ya que tienen en cuenta las características de demarcación de las Islas Canarias y los posibles efectos del cambio climático.
Estos documentos se ajustan, además, a las mismas normas de competencia y procedimiento que rigen el plan insular y, cuando entran en vigor, tienen la consideración de plan territorial especial, por lo que prevalecen sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes, puesto que los planes especiales de gestión del riesgo de inundación merecen la calificación jurídica de planes sectoriales con impacto sobre el territorio, en virtud de Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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