Conrado Domínguez, director del SCS. / Efe

La querella del caso Mascarillas inicia su camino judicial con embargos

El Juzgado de Instrucción numero siete de Las Palmas de Gran Canaria ordena la práctica de todas las diligencias interesadas por la Fiscalía

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción numero siete de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de la Salud, la directora general de recursos económicos del mismo organismo y el responsable de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales relacionados con el llamado caso Mascarillas.

El magistrado Florencio Luis Barrera Espinel ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito. En síntesis, interesa el embargo y bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad u otros activos financieros de la empresa RR7 United SL.

También pide la declaración en calidad de investigados de los querellados Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Rayco Rubén González y de los testigos y peritos propuestos por el Ministerio Público.

Presuntos delitos

El delegado en Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, interpuso la pasada semana una querella contra el SCS -por prevaricación administrativa y tráfico de influencias- y la empresa RR7 United SL -por estafa agravada y blanqueo de capitales- en el citado caso, que investiga el pago de cuatro millones de euros este material sanitario por parte del Ejecutivo a la mercantil que se dedicaba a la compra y venta de coches, un cargamento que nunca llegó a los hospitales de las islas.

El Ministerio Público entiende que, después de haber practicado las pertinentes diligencias de investigación, hay indicios de que tanto el director del SCS, Conrado Domínguez, como la directora general de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez, pudieron haber cometido los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Dice la querella que Domínguez «aceptó ponerse en contacto» con su amigo, el intermediario Samuel Machín para «designar a un empresario amigo suyo» para suscribir un contrato por cuatro millones. Esta persona era el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González.