La querella del caso Mascarillas inicia su camino judicial con embargos

El magistrado Florencio Luis Barrera Espinel ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito. En síntesis, interesa el embargo y bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad u otros activos financieros de la empresa RR7 United SL.

También pide la declaración en calidad de investigados de los querellados Conrado Domínguez, Ana María Pérez y Rayco Rubén González y de los testigos y peritos propuestos por el Ministerio Público.

El delegado en Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, interpuso la pasada semana una querella contra el SCS -por prevaricación administrativa y tráfico de influencias- y la empresa RR7 United SL -por estafa agravada y blanqueo de capitales- en el citado caso, que investiga el pago de cuatro millones de euros este material sanitario por parte del Ejecutivo a la mercantil que se dedicaba a la compra y venta de coches, un cargamento que nunca llegó a los hospitales de las islas.

El Ministerio Público entiende que, después de haber practicado las pertinentes diligencias de investigación, hay indicios de que tanto el director del SCS, Conrado Domínguez, como la directora general de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez, pudieron haber cometido los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Dice la querella que Domínguez «aceptó ponerse en contacto» con su amigo, el intermediario Samuel Machín para «designar a un empresario amigo suyo» para suscribir un contrato por cuatro millones. Esta persona era el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González.