Imagen de archivo de una granja avícola. / carrasco

Más de 1.000 granjas en las islas tienen pendiente la licencia de legalización

En torno a una decena de instalaciones cuenta con una autorización ambiental integrada que limita su actividad

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias hay registradas 4.039 granjas para la cría de animales. De ellas, algo más de 1.000 han presentado una solicitud de legalización, aunque de entrada, el director general de Ganadería, Teishet Fuentes, señala que «en torno a 200 no la obtendrán, la mayoría por problemas con la normativa territorial».

A pesar de esta elevada cifra, el jefe de servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Pedro Peláez, puntualiza que ninguna de las circunstancias que presentan estas 1.000 empresas, que califica de «alegales», afectan a la seguridad del consumidor ni a las condiciones en las que se cría a los animales. «Todas las explotaciones están sometidas a controles de bienestar animal y de la calidad del producto que ofrecen». En este sentido, explica que la normativa que deben observar los ganaderos es «profusa» y de todo tipo (ambiental, sanitaria, territorial, fiscal...), lo conduce a que practicamente todos incumplan algún requisito de alguna de ellas.

    Así, detalla que con la aplicación de la legislación de ordenación del territorio, el 90% de las explotaciones que de facto existían en Canarias incurren en una «alegalidad», debido a que la mayoría tienen una alta antigüedad y cuando se han intentado acoger a las nuevas normas «las arrollan». En su opinión, «cuando la mayoría de un sector incumple una norma, quizá lo que falla es la norma». La administración intentó poner fin a esta situación y en 1999 aprobó una ley de medidas urgentes de legalización «y aún así es tan compleja, que se desconoce el grado de cumplimiento de todas las normativas de las 3.000 que no han solicitado el proceso de legalización». Insiste en cualquier caso en que todas están inscritas en la Dirección General de Ganadería y cumplen con los requisitos que garantizan la calidad del producto.

    Polémica

    «En Canarias no existen macrogranjas». Es la afirmación rotunda de la Consejería de Agricultura y de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), y que las organizaciones ecologistas matizan: las islas no cuentan con explotaciones de grandes dimensiones como las peninsulares, pero sí «a escala» y con los mismos efectos negativos, sobre todo en lo que tienen que ver con la gestión de purines y otros desechos, una polémica que ha vuelto a la palestra tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón.

    En las islas, en torno a una decena de explotaciones -una dedicada a la cría de cerdos en Fuerteventura y el resto avícolas en Gran Canaria y Tenerife- cuentan con la autorización ambiental integrada (AAI), que impone específicamente para cada una de ellas valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos...), así como planes de vigilancia al respecto, según la Consejería de Transición Ecológica.

    La realidad es que el archipiélago no cuenta con estas macroinstalaciones debido, fundamentalmente a motivos económicos. Producir en Canarias es más caro que en la península, sobre todo por el coste de los insumos de producción, a los que hay que sumar el transporte y posteriormente la exportación, porque el mercado interior no es capaz de absorber la producción. La segunda razón es la poca base territorial disponible para la ganadería, tanto por la extensión de terreno protegido como por la orografía de las islas. «Las más grandes que podemos tener aquí, no alcanzan a ser las pequeñas del territorio continental».

    El caso es que no hay ninguna normativa que defina lo que es una macrogranja, pero existe un consenso no escrito para referirse con este término a las grandes explotaciones de ganadería industrial o intensiva donde los animales están estabulados y alimentados por piensos, fórmula que persigue una mayor rentabilidad en la producción ya sea de carne, leche o huevos. Los ecologistas no encuentran ni un solo argumento para defender este modelo de explotación. Tal como señala Eugenio Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, el modelo intensivo es responsable de un importante impacto ambiental, que tendría su más grave expresión en la contaminación de acuíferos, la emisión de CO2 o los efectos en la salud humana debido a la permeabilización de nitratos o lexiviados en el suelo. Reyes contradice a la administración y ganaderos y asegura que «a escala, las explotaciones de las islas son como si tuvieran un tamaño tres veces mayor en la península».

    Sin embargo, la realidad del territorio canario, explica el presidente de Coag Canarias, Rafael Hernández, impide la agricultura extensiva y excepto en El Hierro, «los animales siempre han estado en establos, con la excepción de las cabras». Puntualiza que «ganadería intensiva no implica maltrato, porque existen unas normas de bienestar animal que hay que cumplir» y apostilla que los ganaderos «no se la juegan en esto porque si incumplen, les quitan las ayudas y sin ayudas no se vive».

    Frente a la defensa de la eficacia de los sistemas de control que señalan los ganaderos, desde el colectivo Turcón se considera que la administración hace «dejación de sus funciones» en este sentido, aunque como señala un representante de esta organización, Honorio Galindo, «también es cierto que faltan inspectores», un déficit que reconoce la Consejería. Este grupo ecologista inició en 2016 una campaña para clarificar las condiciones en las que muchas explotaciones ganaderas accedían a la legalidad. Detalla Galindo que, una sola resolución de Agricultura en ese año, inició expediente para legalizar 77 granjas y cuando reclamaron información, se limitó su acceso a los expedientes. Los problemas más frecuentes, subraya, tienen que ver con los incumplimientos sobre distancia a zonas pobladas, con la ocupación de espacios de valor ambiental y, sobre todo, por los mecanismos para deshacerse de los residuos.

    Este es, sin duda, una de los mayores dificultades que presentan las granjas. Así lo reconoce el director general de Ganadería, Taishet Fuentes, aunque insiste: «no tiene nada que ver con lo que ocurre en la península» y en la mayoría de los casos, dice, se resuelve por acuerdos entre ganaderos y agricultores para el uso de los residuos o la gestión de los purines o estiércol hacia sus cultivos. Las principales quejas, notificadas sobre todo por asociaciones de vecinos, tienen que ver con malos olores y moscas y en ningún caso, afirma, con contaminación de acuíferos o suelos.

    explotaciones ganaderas están registradas en la comunidad autónoma. De ellas, son mayoritarias las dedicadas al ganado caprino -según el Istac había 1.257 en 2020-. En el caso de Fuerteventura, donde hay explotaciones con miles de cabezas, por el espacio que tienen se pueden considerar semiextensivas. Le sigue en número la ganadería bovina -724-, aunque en tamaño, éstas suelen ser pequeñas.