Canarias7
Francisco José Fajardo

Ha presentado su escrito de defensa ante el TSJC

El juez Alba cita a la cúpula judicial de Canarias como testigos

El magistrado Salvador Alba ha citado, en calidad de testigos, a la cúpula judicial de Canarias en la causa que se sigue contra él y que lo acusa de prevaricación, cohecho, falsedad de documento oficial y revelación de secretos, cometidos presuntamente para perjudicar a su compañera de carrera Victoria Rosell. El listado de personas propuestas para declarar por parte de Alba consta en el escrito de defensa que presentó esta semana ante la magistrada instructora Margarita Varona.

En el listado figuran Antonio Doreste, presidente del TSJC, Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial, los magistrados Carlos Vielba, Victoria Rosell y Carla Vallejo, el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, Guillermo García Panasco, teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, la fiscal Eva Ríos, la diputada Meri Pita y los periodistas Carlos Sosa y Francisco Chavanel. Han sido citados por Alba, quien los considera de vital importancia para sustentar el argumento exculpatorio que detalla en su escrito de defensa.

En el mismo, niega las acusaciones vertidas hacia su persona ofreciendo un relato que comienza denunciando la existencia de una «serie de operaciones económicas que se desprendían de la contabilidad» de Seguridad Integral Canaria y que «podían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales», sostiene, lo cual –añade–, «de confirmarse, supondría la ampliación del objeto de la causa». Dichas «circunstancias relevantes», a juicio de Alba, constaban en un procedimiento que resultaba «totalmente irregular por falta de impulso y desidia de la anterior instructora, Victoria Rosell, lo que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal, tanto de forma verbal como a través de correo electrónico», detalla haciendo especial énfasis en la comunicación que mantuvo con la Fiscalía.

Relata en su defensa la reunión que mantuvo el 16 de marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho, «previa cita concertada», y en la que sostiene que le dijo tener «documentación que probaba la existencia de relaciones económicas y comerciales» a través de sus empresas «con la pareja sentimental de la anterior magistrada instructora de la causa, la señora Rosell».

Alteración del reparto.

También denuncia que Ramírez «le manifestó que el procedimiento había recaído en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas por alteración del reparto» y se «jactó de estrechas relaciones con diferentes miembros de la judicatura canaria y nacional». Alba volvió a insistir en su escrito que la grabación que presentó Ramírez como prueba en su contra «no se produjo en los términos que en dicho archivo aparecen, al haberse hecho injertos sonoros de trozos, cercenándolos y alterando su secuencia temporal». Alba dice «no reconocerse en la totalidad de dicha grabación, sino en algunos tramos de la misma».

El juez, ante la información proporcionada Ramírez, «consideró procedente citar al mismo para declarar ante las partes, diligencia que previamente le había sido solicitada de forma reiterada por la fiscal» Eva Ríos.

También el magistrado denunció que «la existencia de relaciones económicas previas entre la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa, y Ramírez, no sólo comprometían la imparcialidad de la instructora, sino que, además, podría haber supuesto una causa de nulidad de las actuaciones procesales realizadas por la misma».

Por último, insistió Alba en que el presidente del TSJC, desde octubre de 2015 hasta su cese, «se interesó de manera especial por el devenir de la causa contra Ramírez y siempre estuvo al tanto de cualquier informe emitido por Alba, recibiendo copia de los mismos», dijo. En este sentido, enfatizó en su escrito en que la reunión con Ramírez «en ningún momento se mantuvo oculta, pues la misma fue conocida en el acto» por el presidente de la Audiencia, Emilio Moya, e, «inmediatamente, por el presidente del TSJC, a quien se le remitió un informe escrito y se le dio cuenta de forma verbal, como Alba venía haciendo desde el inicio de su sustitución, a petición reiterada del presidente del TSJ», relata.

Estrategia procesal

En este escrito de defensa, Salvador Alba introduce, como nuevos elementos, la comunicación que alega haber mantenido en todo momento por email con el Ministerio Fiscal, unos documentos que podría presentar en la vista oral. En cuanto al listado de testigos, interesa que declaren magistrados y fiscales que sostiene, considera importantes para argumentar su defensa, además de la diputada Pita, quien en una grabación aparece presuntamente como la persona que alteró el reparto hacia el juzgado de Rosell de la querella del Ministerio Público contra Ramírez por delito fiscal. Alba, por estrategia procesal, no ha detallado en su escrito las pruebas que va a presentar para sustentar su defensa, las cuales aportará en cuestiones previas.