Canarias7
Francisco José Fajardo

El juicio se extenderá durante más de cinco semanas hasta el 12 de julio

El caso Eólico, al banquillo 13 años después

El próximo miércoles 13 habrán pasado 13 años, tres meses, y seis días desde que el empresario Alberto Santana denunciara en la Fiscalía Provincial de Las Palmas la supuesta existencia de un negocio ilegal en el que Celso Perdomo, que por aquel entonces era el director general de Industria del Gobierno de Canarias, ofrecía presuntamente información privilegiada sobre el concurso eólico a empresarios, a cambio de comisiones que ingresaba en una cuenta corriente de Luxemburgo.

Más de 13 años para que los seis acusados del denominado caso Eólico – Celso Perdomo (PP), su mujer, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el funcionario de la Consejería de Industria Honorato López Torres, los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel y el abogado Alfredo Briganty–, se sienten en el banquillo para ser juzgados por una de las presuntas tramas corruptas más importantes y notorias de la historia del archipiélago y que dinamitó los cimientos del Partido Popular presidido en aquel entonces por José Manuel Soria.

El juicio, que se prolongará desde el día 13 hasta finales del mes de julio si no hay conformidades y estará presidido por el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, se celebrará con jurado popular. Comenzará esta vista oral tras una accidentada instrucción llevada a cabo por el magistrado Miguel Ángel Parramón y que llegó a la Audiencia Provincial el 29 de junio de 2009, después de decenas de recursos y argucias legales llevadas a cabo por las defensas de los investigados para dilatar lo máximo posible el inicio de las sesiones.

Pero ha llegado el momento de la verdad y, para evitar más dilaciones, el magistrado Pedro Herrera informó recientemente de que no permitirá que ningún acusado cambie de defensa ni tampoco que sus letrados renuncien una vez que se realice el sorteo por el que se designará a los 36 ciudadanos candidatos a formar parte del jurado popular.

A pesar de esto, parece más que probable que los encausados intenten llegar a un acuerdo previo con el fiscal anticorrupción Luis del Río para así rebajar las penas a las que se exponen, aunque no se podrá determinar hasta el inicio de la vista oral.

De los seis acusados, el principal cabecilla de esta presunta trama delictiva es Celso Perdomo, a quien la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita siete años de prisión por malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de secretos. Por su parte, a su pareja sentimental y funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana, le piden tres años y medio de condena por malversación de caudales públicos y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción acusa de cohecho y tráfico de influencias al jefe de área de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Honorato López, por lo que se pide dos años de prisión. Por último, a los empresarios José Ignacio Esquivel y Enrique Guzmán y al abogado Alfredo Briganty, se le pide un año y medio de prisión. A los primeros, por pagar para obtener información privilegiada y así optar al concurso, mientras que al último, por la intermediación en esta espiral delictiva.

En este caso Eólico se van a personar dos acusaciones particulares. La primera será la del Gobierno de Canarias, representado por el abogado de la Comunidad Autónoma, y la segunda, la sociedad mercantil Clean Electric 1725, defendida por el abogado Juan Sánchez Limiñana.

Los letrados de los seis acusados –María del Mar García de Celso Perdomo, Francisco Víctor García de Bordallo por Mónica Quintana, Agustín Guillermo Santana por Honorato López, Francisco Javier Forero por Enrique Guzmán, Álvaro Campanario por Alfredo Briganty y Fernando Martín por Ignacio Esquivel– niegan a la mayor el relato de los hechos propuesto por el Ministerio Fiscal y piden en bloque la libre absolución de todos los acusados en sus escritos de defensa, aunque a la vez, están negociando con el fiscal Luis del Río posibles conformidades para obtener rebajas sustanciales en sus condenas.

Testigos de renombre

Desde el día 13 hasta finales del mes de julio comparecerán en esta vista oral una cantidad enorme de testigos que alcanza la cifra de 106. Entre ellos se encuentran personalidades de la talla de Luis Soria, hermano del exministro José Manuel Soria; el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Emilio Mayoral; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; las exconsejeras de Industria del Gobierno de Canarias Francisca Luengo y Marisa Tejedor; el exdirector de Red Eléctrica de España en Canarias, Santiago Marín; o el máximo responsable de Endesa en la comunidad autónoma, Pablo Casado, entre otros. También hay citados técnicos, policías, periodistas y un largo número de declarantes que pasarán por el estrado para comparecer ante el tribunal.

El caso

Los hechos que se juzgan en este caso Eólico se refieren al reparto de 344 megavatios de potencia eólica mediante la fórmula de concurso que acometió la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias en la época en la que estaba siendo dirigida por el Partido Popular de la mano de Luis Soria, hermano del exministro José Manuel Soria. El caso se juzgará transcurridos trece años desde que su instructor, el magistrado Miguel Ángel Parramón, dio por finalizada su investigación. La demora se ha debido, entre otras cuestiones, a la recusación del primer magistrado designado, la abstención de su sustituto, la marcha del tercero y la renuncia de las defensas de Perdomo y Quintana.

Celso Perdomo / Exdirector general de Industria

Funcionario del Cabildo de Gran Canaria y profesor de la ULPGC. Era director general de Industria en 2005, en el momento de los hechos. La Fiscalía cree que filtró información secreta a empresarios y personas afines a su partido a cambio de dinero y prevaliéndose de su cargo.

Por el delito de violación de secretos: la pena de dos años de prisión. Por el delito continuado de cohecho: dos años de prisión y multa de 300.000 euros. Por el delito continuado de malversación de caudales públicos: tres años de prisión y multa de 24.000 euros. Además, se le pide la inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en las administraciones por 14 años.

Mónica Quintana / Pareja sentimental de Celso Perdomo

Funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y supuesta cómplice de Perdomo, además de ser su pareja. Presuntamente abrió una cuenta en el Fortis Bank de Luxemburgo para que Guzmán pagara a Perdomo los sobornos a través de ella y compró libros con fondos públicos.

Por el delito de cohecho: la pena de un año y seis meses de prisión y multa de 60.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de once meses de privación de libertad. Por el delito continuado de malversación de caudales públicos: dos años de prisión, la suspensión de todo empleo o cargo público en la administración por un año y multa de 24.000 euros.

Honorato López / Exjefe de área de la Consejería de Industria

Era jefe del área de Energía de la Consejería de Industria del Gobierno canario en aquella época. Supuestamente, tras el cese de Perdomo en junio de 2005, se encargó de mover los hilos para conseguir potencia eólica a Briganty, Esquivel y Guzmán, a cambio de dinero

Por el delito continuado de cohecho: la pena de dos años de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica, local o del estado por seis años y multa de 200.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 11 meses.

Alfredo Briganty / Abogado representante de inversores

Abogado en el bufete Qvadrigas. Cuando estalló el caso era consejero de la empresa Promotora de Recursos Eólicos y en calidad de secretario, pagó 12.700 euros a Celso Perdomo a través de una empresa intermediaria para beneficiarse en el concurso eólico.

Por el delito de cohecho del que es acusado: la pena de un año y seis meses de prisión, además de la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo de condena y el pago de una multa que asciende a 150.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de 11 meses de privación de libertad.

Enrique José Guzmán / Empresario con acción en varias sociedades

Empresario madrileño vinculado al grupo Hidrocantábrico en la época de los hechos que se juzgan. Se favorecía de la información privilegiada suministrada por Perdomo para lucrarse en el concurso eólico y le pagaba a través de una cuenta en el Fortis Bank de Luxemburgo.

Por el delito de cohecho del que es acusado el empresario: la pena de un año y seis meses de prisión, además de la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo de condena y el pago de una multa que asciende a 180.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de 11 meses de privación de libertad.

José Ignacio Esquivel / De Promotora de Recursos Eólicos 2004

Empresario vasco con influencia en el Puerto de la Luz. Era vicepresidente de Promotora de Recursos Eólicos en 2005. Junto a su socio Briganty, pactaron con Perdomo que el Gobierno de Canarias le asignaría potencia eólica a alguno de sus parques a cambio de dinero.

Por el delito de cohecho del que es acusado este empresario, se le pide la pena de un año y seis meses de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo de condena y el pago de una multa de 150.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria para un hipotético caso de impago de 11 meses de privación de libertad.