El fiscal pide cárcel y 40 millones a los acusados del Fundescan

El fiscal Ricardo de Mosteyrín, encargado del caso Fundescan, ha formulado su escrito de acusación en el que interesa multas y responsabilidad civil que suman en total más de 40 millones de euros para los nueve acusados en este procedimiento, además de penas de prisión que van desde los tres hasta los nueve años por la presunta autoría de tres delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones.

Jueves, 1 de enero 1970

Este caso investiga a un destacado número de miembros del Patronato de Fundescan (Fundación Canaria para el Desarrollo Social) y de UGT de Canarias por utilizar presuntamente subvenciones otorgadas por el Gobierno de Canarias y por instituciones europeas para cursos de formación organizados por ambas entidades con otros fines, como principalmente tapar agujeros económicos del propio sindicato desviando cuantiosas cantidades de dinero.

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La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita para Andrés Pérez Ramos, tres años de cárcel, el pago de 2.233.278 euros de multa y 744.426 en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, Juan Raúl Núñez y Antonio Martín se enfrentan a seis años de prisión, 3.137.575 de multas en total cada uno, además del pago solidario de 1.596.458,24 euros de responsabilidad civil. Por último, en el caso de José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla, para este grupo de acusados el fiscal interesa nueve años de cárcel por tres delitos, un total de 5.370.853 euros de multa y 1.790.284 de responsabilidad civil solidaria.

Además, en todos los casos, pide las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para ser patronos de fundaciones el tiempo de la condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios, incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 años y 6 meses por cada uno de los tres delitos calificados.

Los hechos.

Según el escrito de calificación del fiscal, la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), estuvo gestionada por un patronato integrado por los acusados Alicia María Rodríguez como presidenta, Manuela Fernández de secretaria y José Lorenzo López, Juan Raúl Núñez, Antonio Martín y Andrés Pérez como vocales, si bien este último fue cesado el 23 de junio de 2009, manteniéndose los demás en sus cargos hasta el 3 de noviembre de 2009. Dicho patronato fue renovado en esta fecha nombrándose presidente a José Lorenzo López, secretaria Carmen Dumpiérrez y vocales los también acusados José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla.

Dicha sociedad obtuvo una subvención para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP Canarias 2008), recibiendo como anticipo el importe de 744.426 euros, si bien la fundación no aplicó presuntamente este importe a los fines legalmente previstos.

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Por este motivo, el Servicio Canario de Empleo le reclamó el reintegro de este importe. En concreto, por resolución de 24 de marzo de 2010 le pidió la devolución de 397.395,6 euros, el 23 de junio de 2010 el de 142.623 euros y el 4 de junio de 2012, el restante de 204.407,4 euros, que sumaban los 744.426 euros de la subvención, no habiéndose reintegrado a las arcas públicas ninguna de estas cantidades, según la Fiscalía.

Posteriormente, Fundescan obtuvo el 9 de julio de 2009 una subvención para la financiación de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo correspondiente al año 2009, recibiendo una cantidad de 1.099.567,84 euros y que, según esta parte, aplicó a fines distintos de los legalmente previstos en una cuantía que ascendía a 852.032,24 euros. Por este motivo, el director del Servicio Canario de Empleo volvió a llevar a cabo el mismo procedimiento de reclamar de forma infructuosa el 25 de junio de 2010 a Fundescan el reintegro de tal montante.

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Por último, el 6 de mayo de 2008 esta fundación volvió a recibir una nueva subvención, esta vez para el mantenimiento del servicio técnico de Fomento de la Economía Social para el periodo 2008-2009. Para este fin se le dio una partida presupuestaria para el ejercicio 2008 que «aplicó a los fines legalmente previstos» y una segunda cantidad abonada el 13 de noviembre de 2009 que ascendía a 302.163,42 euros para el ejercicio 2009 y que no cumplieron con su cometido, aplicándolo «a fines distintos de los legalmente previstos en cuantía que ascendía a 193.826,65 euros», motivo por el cual se le reclamó esta cantidad.

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