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Francisco José Fajardo

Alba sitúa a Orts al frente de la trama

Siempre se dijo que la edil de Obras entre 2003 y 2006, María Antonia Torres, ya fallecida, era la cabecilla de la trama de corrupción que se organizó en el Ayuntamiento de Telde en la etapa de gobierno de PP y Ciuca para el cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, el magistrado Salvador Alba, ponente y presidente de la Sala de la Audiencia Provincial que juzgó el caso entre enero y marzo de este año, deja claro en los hechos probados de su propuesta de sentencia que el interventor ya jubilado Enrique Orts figuraba al frente de la organización. Orts es uno de los 21 acusados que confesaron y pactaron la pena con la Fiscalía, por lo que serán condenados. La sentencia definitiva, que tomará como base la propuesta de Alba, no se notificará hasta septiembre.

En ese texto de Alba se detalla que Torres y Orts son los que «deciden llegar a diversos acuerdos» con empresas que pretendían ser adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros con el Ayuntamiento para exigirles el «cobro de comisiones a cambio de ser favorecidas». Y añade que «para asegurar el cumplimiento de estos acuerdos, se utiliza como instrumento de presión la afiliación o la paralización de los trámites administrativos relativos al pago de las facturas».

De esa misma manera, «deciden adelantar o facilitar los pagos de facturas a ciertas empresas acreedoras del Ayuntamiento a cambio de comisiones previamente pactadas, favoreciéndolas en detrimento de otras, o bien retrasando pagos con el fin de presionar a las mercantiles y lograr el pago de tales comisiones, cobrándoles la comisión ilícita tras el pago de la deuda municipal».

Y también Oliva

Pero Alba sitúa en otra posición clave al entonces edil de Hacienda, Carmelo Oliva, que reconoció los hechos, aunque él dejó claro, y el magistrado hace suya su versión, que era ajeno al «sistema de obtención ilícita de fondos». ¿Por qué era clave Oliva? Porque de nada valdría pactar adjudicaciones y comisiones con un grupo de empresas amigas si se tienen que poner a la cola para cobrar las facturas de un ayuntamiento en números rojos y mal pagador. «Era necesario controlar los gastos y los pagos», explica el ponente de la sentencia del Faycán, de ahí que Torres y Orts «tuvieron que contar con la colaboración» de Oliva, que si bien no consta que estuviera al tanto del cobro de comisiones, «sí» lo estaba «de la arbitrariedad que determinará a qué empresas se iba a pagar sin ajustarse a los criterios establecidos en la ley». Es decir, sabía que se estaban saltando la prelación de pagos, según la cual, así decía la normativa en aquellos años, después de las nóminas y los servicios básicos, se pagarían las facturas más antiguas. No en vano, Oliva figura entre los 21 condenados que confesaron.

En el texto que Alba presentó como propuesta de fallo y que se ha convertido en voto particular, se explica que para asegurar la operación, «Orts asumió las funciones propias de la Tesorería, convirtiéndose de facto en una unidad gestora de pagos, al ser él el que remitía las órdenes» de abono, cuyas relaciones «elaboraba conjuntamente» con Oliva.

A partir de ahí se recurría a varios métodos para contratar: al procedimiento negociado y sin publicidad (cuando el presupuesto era inferior a 60.101 euros), que favorecía «los repartos fraudulentos de las obras entre las empresas que se sometían al pago de comisiones ilícitas», a los contratos menores (menos de 30.050 euros) y al fraccionamiento de las obras si se superaban estos presupuestos. Estos métodos se usaron, afirma, con Cobra, Moncobra, Planos y Gestión, Patrimonial Pacific, Desra SL, Cementos Las Torres e Iturri, cuyos gestores también pactaron condena. Otras veces la empresa amiga hacía la obra y luego se confeccionaba el expediente administrativo, y cuando el concurso era abierto, se le «facilitaba antes el pliego a la empresa a la que se pretendía favorecer antes de publicarse la convocatoria», modus operandi que benefició a Mazotti, Cobra y Verde Suárez. «Se simulaba una concurrencia de empresas que en realidad era ficticia».

Aclaración del TSJC
«Ante la publicación en el día de hoy (por ayer) de unas declaraciones del magistrado Salvador Alba en las que éste dice no entender cómo los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Oscarina Naranjo y Carlos Vielba, han podido dictar sentencia en el llamado caso Faycán discrepando en parte de su voto particular porque, expone literalmente, «gran parte del procedimiento lo tengo en mi casa», los magistrados afectados desean aclarar a la opinión pública que, para la emisión de la sentencia, ambos tuvieron acceso a la totalidad del procedimiento, al haber sido escaneado éste en su día y estar a disposición del tribunal su copia íntegra».