Canarias7
Javier Darriba

Los asalariados del taxi se ven afectados por la tarifa plana

Creen que las pérdidas las asumirán los trabajadores

La Asociación de Asalariados Unidos del Taxi también toma posición en contra de la tarifa plana al aeropuerto que ha propuesto la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT). El presidente del colectivo asalariados, Cristo García, considera que la pérdida de ingresos que se generará en algunas carreras la acabarán soportando los trabajadores. «Los asalariados serán los peor parados con esta nueva tarifa porque el patrón no va a perder una», advirtió.

Hay que recordar que la ATAT va a plantear una consulta para que los titulares de licencias -no los asalariados- decidan si se fija una tarifa única desde el municipio al aeropuerto, con independencia del lugar en el que se coja el taxi, del tiempo que dure el trayecto y de los bultos que se desplacen. Aunque no hay nada decidido aún, la ATAT calcula que esta tarifa podría rondar entre los 25 y los 30 euros.

Tras el rechazo manifiesto de otros colectivos de titulares, los asalariados ahora también critican la propuesta de la tarifa plana para el aeropuerto. «No le puedes cobrar lo mismo a una persona que coge el taxi en el muelle Nelson Mandela que a una que lo hace en el hospital Materno Insular porque son seis kilómetros de diferencia», advierte García, quien entiende que la propuesta «podría ser ilegal».

En su opinión, «al profesional lo hunde porque tiene que asumir el coste de hacer estos servicios un viernes en el atasco de salida de El Sebadal, y va a perder todo esto».

Como consecuencia, y desde su perspectiva, este tipo de servicio va a ser evitado, en la medida de lo posible, por los taxistas de la capital. «Las carreras al aeropuerto de Gran Canaria van a pasar de ser los servicios más codiciados a no querer hacerlos nadie», añadió Cristo García.

Respecto al hecho de que otras ciudades hayan apostado por este tipo de tarifas (el desplazamiento al aeropuerto de Madrid es de 30 euros; en Barcelona se sitúa en 39 euros; y en Sevilla, en 22,2 euros), la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi considera que se trata de realidades no comparables. Primero, por el propio condicionante insular, que limita más que en otras ciudades el servicio del taxi; y, en segundo lugar, porque la apuesta por la MetroGuagua va a excluir al servicio del taxi de calles que se consideran importantes para este sector.

La asociación que preside Cristo García ha renunciado a participar en la Mesa del Taxi porque considera que el colectivo está infrarrepresentado.

Reacción en la oposición

La división que vive el sector del taxi de la capital grancanaria respecto a la posible aplicación de una tarifa plana para cubrir el servicio al aeropuerto de Gran Canaria se traslada también a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

Después de que el gobierno tripartito haya manifestado su apoyo a la medida, siempre condicionada a que esté consensuada primero entre los propios taxistas, la posición de los grupos municipales de la oposición varía entre la indefinición del PP, que todavía no se posiciona porque entiende que no es una propuesta oficial, y la negativa de Unidos por Gran Canaria.

Al respecto, su portavoz, Ángeles Batista, reclamó ayer la necesidad de escuchar a los taxistas antes de tomar cualquier decisión. «Realmente hay que hacerle caso a los taxistas», indicó la concejala, «pero hay que tener claro que los taxistas pueden salir perdiendo con esta tarifa si se producen retenciones». Y concluyó que, en su opinión, «no debe existir la tarifa planta» porque los costes del servicio están claramente publicitado y los taxímetros fijan el precio en función del tiempo y la distancia.

En cambio, desde el grupo municipal de Ciudadanos se solicitó la necesidad de realizar un estudio riguroso sobre las consecuencias que puede tener la tarifa plana en los servicios al aeropuerto de Gran Canaria. Así, el concejal Javier Amador recordó que se trata de una medida que se ha puesto en marcha en otras ciudades, «en las que parece que aumentan las garantías para los usuarios». Pero entiende que «no se puede improvisar», de ahí que plantee la necesidad de realizar un estudio que confirme las repercusiones que tendría para clientes y taxistas.