Canarias7
Javier Darriba

El parquin de San Bernardo, ¿un mal acuerdo o un buen pleito?

El alcalde, Augusto Hidalgo, había dicho que iba a exigir a Empark, la empresa que gestionaba el aparcamiento de San Bernardo, la factura de la obra de reparación. Sin embargo, al final el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a tener que pagar 1,1 millones de euros en virtud de un acuerdo por el que Empark aporta otros 1,15 millones de euros. La propuesta será presentada mañana a los miembros del consejo de administración de Sagulpa, la sociedad municipal de aparcamientos.

Ahora la pregunta que cabe hacerse es si la defensa del interés público ha sido la correcta en este caso. Desde Sagulpa se entiende que sí porque existía el riesgo de que no se cobrara nada. Pero para el PP no se ha actuado con la diligencia necesaria y, lo que es peor, no se ha justificado la rebaja de un millón de euros en la reclamación municipal.

El parquin de San Bernardo cerró en abril después de que los técnicos municipales detectaran problemas grave que afectaban a la estabilidad estructural del inmueble. De hecho, se decretó el estado ruinoso del inmueble. Así, el tres de mayo, Sagulpa reclama la cantidad de 2,3 millones de euros a la concesionaria del aparcamiento, sin incluir ni el lucro cesante ni los gastos del proyecto de reforma.

El 13 de julio, tras recabar el asesoramiento jurídico externo, se opta por interponer una papeleta de conciliación judicial en la que se reclama dicha cantidad. «Nos habíamos enterado de que Empark se estaba vendiendo a un fondo de inversión y si se materializaba la compra, nos íbamos a ver sin ningún dinero», explica el gerente de Sagulpa, José Ricart, «de esta manera pudimos seguir negociando».

Ese mismo día, Empark contesta a la reclamación hecha en mayo mediante un informe en el que se muestran dispuestos a pagar solo 519.754,69 euros.

Las negociaciones prosiguen y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que la cuantía de la responsabilidad de Empark era de 2.246.938 euros.

Y así se llega al juzgado, al que son citadas las partes para la papeleta extrajudicial. Era el 9 de noviembre y ese día se daba por terminado el procedimiento de conciliación tras alcanzar, las dos partes, un acuerdo extrajudicial.

Este convenio, firmado el 14 de noviembre, fijaba la deuda de Empark en 1,15 millones de euros en concepto de indemnización por los daños del aparcamiento de San Bernardo.

Aquí, donde la paz extrajudicial pone fin al proceso, es donde comienza el juicio político porque el acuerdo con Empark obliga a Sagulpa a invertir otro millón de euros para poner al día el estacionamiento.

Para Ricart, no hay duda de que se ha defendido el interés general. «Los letrados nos explicaron que de ir a juicio para reclamar la cantidad total nos presentábamos ante un pleito incierto, complejo y costoso», señaló el gerente de Sagulpa, «posiblemente no hubiéramos conseguido nada».

El directivo de la empresa pública de aparcamientos aclaró también que muchos de los desperfectos del estacionamiento se deben a filtraciones de la red de pluviales y residuales, con lo que la exigencia de responsabilidades a la empresa podría quedar diluida. «Esta semana, el servicio de Aguas y Emalsa confirmaron los daños al aparcamiento por el mal estado de las redes», prosiguió, «acordamos su reparación aprovechando la obra del aparcamiento».

Además, apunta Ricart, se consiguió que Empark desistiera en una reclamación que tiene contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Sin embargo, desde el Partido Popular la perspectiva es bien diferente. El viceportavoz del grupo municipal, Ángel Sabroso, critica que todas estas negociaciones y decisiones no estén amparadas por ningún informe técnico. «Se trataba de un aparcamiento de titularidad pública cuya concesión fue entregada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», explicó, «Sagulpa no estaba en este asunto y en 2016 se hace cargo del tema, pero sin que el Ayuntamiento informe ninguno de sus pasos, y sin pasar por la supervisión de los servicios de Patrimonio, Contratación, Intervención ni Asesoría Jurídica».

Esta «falta de control y la carencia de informes técnicos que avalen la rebaja del dinero reclamado a Empark» es entendida por parte del concejal del Partido Popular como un ejemplo más de la desidia en la acción del gobierno por parte del tripartito.

Pero es que además, el PP considera que se ha errado en la gestión del proceso. En su opinión, se tenía que haber vinculado la reparación a un nuevo concurso de explotación del aparcamiento, de forma que se hubiera abierto mucho antes.