Canarias7
Bárbara Hernández

Relaciones Canarias-Estado

«Sánchez no cumple con Canarias»

Después de 86 días al frente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez no ha concretado ningún compromiso de la agenda canaria. Así lo denunciaron ayer los consejeros de Hacienda, Rosa Dávila, y Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, después de la celebración de un Consejo de Gobierno deliberante en el que se fijaron los asuntos destacados para el nuevo curso político.

Después de casi tres meses, detalló Dávila, siguen pendiente de suscribir los convenios bilaterales de carreteras, obras hidráulicas, infraestructuras educativas y turísticas o los planes contra la violencia de género y lucha contra la pobreza. Aún así, dijo, «miramos con esperanza al mes de septiembre» para que se puedan firmar estos acuerdos.

Por su parte, José Miguel Barragán subrayó la importancia de concretar el calendario para la firma de estos pactos. Explicó que si los recursos llegan «a final de septiembre, en octubre e incluso en noviembre, es imposible gastar los casi 1.000 millones que vendrán del Estado en los dos meses que falten para final de año». Apostilló que «luego vendrá un avispado parlamentario de la oposición y dirá que es mala ejecución». En este sentido, consideró necesario que el Gobierno socialista mantenga la política fijada por el Partido Popular y que, a partir de la firma del presupuesto, pasen doce meses para su ejecución.

En cualquier caso, Barragán apuntó que el Gobierno de Canarias «no tiene ningún interés en la confrontación con el Estado» y seguirá buscando «acuerdo y consenso». Sin embargo, hizo hincapié en que no se debe confundir la defensa de los intereses de Canarias con «una política claudicante y de rodilla en tierra».

Por otro lado, aunque el Gobierno de Canarias se mueve aún en las macrocifras para la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019, Rosa Dávila subrayó la importancia de saber si pueden disponer del superávit de 598 millones para el próximo ejercicio. De todas maneras, reiteró que la intención del Ejecutivo es no dilatar los plazos y presentar el proyecto de ley el 31 de octubre en el Parlamento de Canarias «en tiempo y forma».

Previamente, y atendiendo a la minoría parlamentaria en que se encuentra Coalición Canaria, la consejera de Hacienda prevé hablar con todos los grupos parlamentarios y el «escenario está abierto» para acercar posturas como ya se hizo en el ejercicio anterior, con el objetivo de que parte importante de sus reivindicaciones aparezcan en esas cuentas del próximo año.

Respecto a la posibilidad de una bajada lineal del IGIC, como demanda el Partido Popular para apoyar el presupuesto, aseguró que todavía no se ha tomado una decisión. Otras fuentes del Gobierno han señalado que aunque con toda probabilidad no se procederá a una rebaja general, sí se pueden bajar los tipos para algunas actividades concretas.

El Consejo deliberante celebrado ayer también hizo un repaso a la agenda legislativa que se puedan materializar en este curso político. En este sentido, el consejero de la Presidencia, José Miguel Barragán, destacó el seguimiento a la aprobación en el Congreso -antes de final de año- de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley del REF «por la importancia y el interés para el Archipiélago».

También harán un seguimiento a otras iniciativas legislativas en las Cortes, entre ellas la presentada por Podemos, encaminada a modificar la ley del techo de gasto «con la que coincidimos plenamente porque nos permitiría convertir en recursos y equipamientos esos 598 millones que tenemos de superávit», dijo el consejero.

En cuanto a la agenda legislativa en Canarias, al Gobierno «le gustaría» que viera la luz definitivamente la Ley de servicios sociales. Además, entre otras iniciativas, explicó Barragán, espera que antes de finalizar la legislatura llegue al Parlamento la Ley de atención integral a los menores o se dé el visto bueno a la ley de protección de animales. Asimismo, confía en que se pueda iniciar el debate parlamentario sobre las normas relativas al cambio climático o la Ley de cabildos y ayuntamientos, entre otras.