Canarias7
Loreto Gutiérrez

Negociación del convenio de carreteras

Canarias pide cita a Fomento

para reclamar los 138 millones

El Ejecutivo canario quiere sentarse con Fomento lo antes posible para negociar los términos en los que se va a aplicar la sentencia, al objeto de poder disponer de los 138 millones pendientes que el Supremo reconoce en concepto de deuda por los fondos que la Comunidad Autónoma dejó de recibir en los presupuestos estatales del año 2012.

La intención del Gobierno regional es llegar a un acuerdo ágil con el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna sobre los términos y los plazos en los que cobrar la deuda, de manera que esos recursos puedan destinarse a corto plazo a las obras viarias pendientes.

La ejecución de la sentencia del Supremo garantiza a Canarias el cobro de una parte de la deuda que el Gobierno autónomo viene reclamando desde hace años y que pretende incorporar a nuevo convenio de carreteras, aún en proceso de negociación. La consejería de Obras Públicas y Transportes reclamó en un principio al Estado el pago de 757 millones para compensar los sucesivos recortes de las partidas presupuestarias del convenio actual, que desde 2012 a 2016 estuvieron muy por debajo de las anualidades pactadas, aunque tras varias reuniones bilaterales Fomento solo ha reconocido una deuda pendiente de 400 millones, de la que 138 millones deberá abonar ahora por sentencia judicial. Una vez se produzca el pago, quedarían pendientes otros 262 millones que el Gobierno canario aspira a que se recojan en el nuevo convenio además de las anualidades previstas para obra nueva.

El vicepresidente canario y consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, considera que la sentencia del Supremo es una «muy buena noticia» que supone el reconocimiento de un derecho, puesto que la Comunidad Autónoma no se beneficia de la elevada inversión de Fomento en trenes de alta velocidad ni en las carreteras de titularidad estatal en territorio peninsular, que suponen hasta un 80% del presupuesto del Ministerio.

Destaca además Rodríguez que la decisión judicial establece un importante precedente, en cuanto que considera vinculante y por tanto de obligado cumplimiento el convenio de carreteras, lo que abre un precedente que supone una garantía para futuros acuerdos bilaterales de carácter plurianual entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

El Gobierno estatal aprobó el mes pasado la prorrogar del convenio de carreteras suscrito en 2006 que culminaba el 31 de diciembre, con una adenda que garantiza una partida de 101 millones de euros en 2018.