Canarias7
Almudena Sánchez

Barajan crear una oficina antifraude

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, dirigió ayer una reunión con los partidos políticos presentes en el Parlamento en la cual el director de la Agencia contra el Fraude de la Comunidad Valenciana, Joan Llarens, les explicó su funcionamiento.

Los representantes políticos calificaron de «positivo» el encuentro, salvo la portavoz del grupo Popular, Australia Navarro, y la diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza, que no hicieron declaraciones. «Mayoritariamente, ha habido buena disposición para sacar adelante una agencia en Canarias», comentó la portavoz de Podemos e impulsora de la iniciativa, Noemí Santana.

De hecho, el propio Clavijo les ha emplazado a mantener una segunda reunión para establecer pautas de actuación y calendario, según precisó el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens. No obstante, éste reconoció que «los tiempos de esta legislatura ya van muy ajustados y será difícil sacar adelante una iniciativa de estas características antes de que termine».

Aún así, todos coincidieron en la necesidad de que, antes de ponerse manos a la obra, «necesitamos hacer un análisis más exhaustivo con el objetivo de saber si crecemos en estructura o potenciamos lo que hay ya en Canarias», indicó el diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos.

Antonio Llorens también incidió en este argumento, al igual que la diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato. Dijo que «es necesario poder encajar un organismo como el de una agencia o la ley que la desarrolle dentro del aparato normativo que hay en las islas, con el fin de evitar solapamientos». Beato apuntó la creación de un equipo de trabajo.

Para la portavoz del Partido Socialista Canario (PSC), Dolores Corujo, es «fundamental evitar la burocratización y que pudiera ser un órgano más que reste eficacia al fin que se quiere perseguir».

Varios representantes políticos coincidieron en señalar que el PP se había mostrado «reacio» a este tipo de iniciativas y que se refirió a la actuación «eficaz» de interventores y organismos fiscalizadores ya existentes en la comunidad autónoma.