La oposición ve un varapalo al Gobierno por no vigilar a Negrín
Podemos y Nueva Canarias consideran que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a revisar el concurso de informativos de Televisión Canaria es consecuencia de la actitud del presidente del ente, Santiago Negrín, «que actúa como si esto fuera su finca particular», así como de la posición del Gobierno de «mirar hacia otro lado». Para ambas formaciones, lo deseable hubiera un acuerdo político sin llegar a los tribunales y reprochan al PSOE su cambio de parecer en este asunto.
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Para el presidente y portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento, Román Rodríguez, es evidente que el Consejo Rector «tiene, por ley, funciones que han sido ninguneadas y eludidas» y subraya que el presidente de RTVC «no puede hacer lo que él quiera».
En este sentido, destaca que así lo entendió también el fiscal tras la denuncia presentada por el sindicato de periodistas UPCC por contrataciones de cargos de confianza de Televisión Canaria y cinco editores para los informativos que fueron incorporados a través de una empresa temporal. Según Rodríguez, «parece claro que este señor ha incumplido la ley y estos indicios evidencian que, desde hace años, Negrín gobierna como si fuera una finca particular», por lo que vaticina que «va a tener muchas dificultades él y quien lo acompañe en esta manera de proceder».
Además, el dirigente de NC ve como un varapalo al Gobierno el auto del TSJC porque «ha tratado de eludir sus responsabilidades cuando sabemos que el Gobierno manda en la televisión ».
Por su parte, el diputado de Podemos, Juan Márquez, considera que el auto ratifica la posición mantenida hasta ahora por su partido, «ya que no es posible que Santiago Negrín se erija como órgano unipersonal». Explica que debe ser la Consejería de Hacienda y el Tribunal de Contratación «quien tome partido» y lamenta que no se hayan encontrado soluciones políticas y tengan que ser los tribunales quienes solucionen este problema. Apostilla que «se podía haber resuelto en septiembre si el PSOE no hubiera cambiado de rumbo». Subraya asimismo que en este asunto ha sido clave el informe jurídico del Parlamento, que advertía de la responsabilidad del Gobierno.
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