Ha triunfado el Estado de derecho en Cataluña. La aplicación del 155 no es más que una vía democrática, que nace de la legitimidad y de la soberanía del pueblo español para recuperar la normalidad democrática abortada por un auténtico trilero cuya capacidad personal y política ha quedado en entredicho. El independentismo ha cometido un auténtico error de cálculo político. No tiene base social para su proclamación. No hay estructura económica y política con capacidad para irse tranquilamente de España. No tiene apoyo internacional de ningún tipo y tampoco un liderazgo sólido. El brazo derecho de Artur Mas demostró durante estos largos días que no es el hombre, que duda y tiene miedo, que se somete a las presiones de un lado y de otro del independentismo, que no tenía amarrado todo el proceso, que ni tan siquiera quiere ir a la cárcel como mártir, que no arriesga su seguridad personal proclamando de viva voz la república independiente, decisión que, finalmente, puso en manos del Parlamento, donde tampoco, sus partidarios, quisieron arriesgar nada votando en secreto. Menudos revolucionarios. En otros tiempos estaban dispuestos a dar la cara, a ir a la cárcel, a arruinarse, pero ayer prefirieron el anonimato en un Parlamento que parecía la asamblea de un instituto de enseñanza secundaria.
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Nadie puede negar que Artur Mas, cerebro en la sombra de la estrategia, se convirtió al independentismo después de que el Estado y la Justicia tocará su aparato de poder, los negocios de sus patriarcas, de los padres de la patria. En Cataluña hay un respetable número de independentistas, pero una parte de esa masa, incorporada recientemente, son las clases altas, empresarios, profesionales y políticos, hijos del régimen de Jordi Pujol del que responde su hereu Artur Mas. En esta operación, en el procés hay una gran dosis de venganza al Estado. Una venganza construida sobre mil mentiras, la más importante de ella, la incapacidad de un territorio, la falta de elementos, para emprender una algarada de este nivel y ganar un pulso al Estado que lo sostiene.
Después de cientos de horas de televisión retransmitiendo en directo la sublevación, millones de informaciones, opiniones y Twitter en estos dos días frenéticos, actos programados, manifestaciones.... queda claro de que los independentistas nos han metido en un problema gordo sin necesidad alguna, sin tener el peso necesario para retar a la democracia en la que se ha sustentado Cataluña, a la Constitución y a su Estatuto de Autonomía. Hoy los demócratas no debemos sentirnos culpables de la situación. El problema lo ha generado un inconsistente president a las órdenes de los Pujol, que ha mentido engañando a todos, a los propios independentistas, como Ezquerra, a la CUP y hasta a Ada Colau, que siempre actúa como ama de llaves de las oportunidades populistas. Ellos son los que se han salido de la ley, de los acuerdos constitucionales. Ellos los que han creado una legislación paralela, ilegal. Ellos los que han secuestrado las instituciones para hacer política, abandonando las necesidades de los catalanes. Ellos los que convocaron un referéndum ilegal en el que apoyar sus pretensiones. Ellos los que han dividido a la sociedad catalana en dos, unos a un lado silenciados y otros combativos, con las calle tomadas por sus proclamas. Son ellos los responsables de la salida de las empresas y del caos económico de la Generalitat, a la que ningún banco del mundo concede un crédito por la falta de solvencia y son los impuestos de todos los españoles los que mantienen las nóminas y los gastos elementales de los servicios públicos. Son ellos los que han destrozado Cataluña, los que han metido el miedo a la inestabilidad en las casas de los catalanes, en las familias, en el futuro.
Y son ellos los que no han tenido ni un solo gesto para volver a la legalidad; y cuando lo tuvieron, convocar elecciones para reiniciar el sistema, pusieron condiciones inaceptables al Estado, entre ellas la inmunidad del propio Puigdemont y renunciar a investigar los procesos llevados por los propios juzgados catalanes. Es de tal calibre la perversión de la democracia en Cataluña, que cualquier sentimiento de culpa, cualquier atisbo de remordimiento, cualquier duda es inútil. Los demócratas sabemos que tenemos la razón, que nos asiste la legalidad, una legalidad que hunde sus raíces en las decisiones soberanas de los españoles, la misma que debe decidir el futuro, que incluye a los independentistas, a sus propuestas, entre ellas un referéndum pactado, un nuevo estatus dentro del Estado con una reforma de la Constitución. Un camino que Puigdemont no ha querido recorrer, quizás porque sus intenciones, o las de quien le dice lo que tiene que hacer, no eran conseguir la independencia, sino, como dije antes, vengarse del Estado que ha desarticulado la banda de los Pujol. Lo habrán logrado, pero en el camino han salido muy debilitados a favor de los que les han apoyado, la CUP, que consigue completar su programa electoral y a Ezquerra, que les ha movido el árbol desde la reserva y ahora espera coger las nueces en unas próximas elecciones.
Somos una democracia sólida, y nada de lo que ayer se aprobó en el Senado disminuye un milímetro esa legitimidad y hasta el orgullo de un país rehecho a sí mismo desde las cenizas de una dictadura y que ha recorrido con éxito histórico un camino de más de quinientos años de unidad.
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Corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy la aplicación del 155 aprobado anoche en el Senado. El Partido Popular se juega mucho en esta operación. Debe ser escrupuloso, dentro de la máxima legalidad, sin tics autoritarios, sin extralimitaciones, compartida y vigilada por el PSOE y Ciudadanos, y en última instancia por el Parlamento. Evitando en todo momento el espectáculo público, la foto final que quiere el independentismo, la de desalojos y detenciones por parte de la Policía y la Guardia Civil. Hoy es el día de los hechos, después de que el Boletín Oficial del Estado, publique los ceses del presidente de la Generalitat y de todo su gobierno. Tendrá que ser una operación casi quirúrgica, limpia. El riesgo es entrar en la organización de gobierno como elefante en chatarrería. Tendrá que hacerlo de la forma menos traumática, con sensatez, pero con determinación, removiendo los obstáculos que una administración secuestrada por el independentismo pondrá en todas y cada una de las actuaciones que Madrid imponga en Cataluña. La aplicación del 155 tiene riesgos, sin dudas, pero nunca serán mayores que la secesión, que la pérdida de una parte de la nación, que la destrucción de la legalidad, que la imposición de una minoría sobre la mayoría que sigue siendo silenciada pero que vive amedrentada por una sinrazón o una venganza.
«Hoy los demócratas no debemos sentirnos culpables de la situación. El problema lo ha generado un inconsistente president a las órdenes de los Pujol, que ha mentido engañando a todos»
Manuel Mederos
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