Nuestro dinero público

El anuncio de la retirada de fondos para el concierto de Maluma por los cabildos de Tenerife y Gran Canaria es un significativo avance en la lucha por la igualdad, al menos en el espacio público, y marca un camino por el que es necesario avanzar.

Nuestra sociedad se rige por una Constitución que consagra como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Para que esa igualdad se haga efectiva y no se quede en papel mojado, las administraciones públicas deben fomentarla activamente impulsando políticas que la garanticen. Por eso, parece lógico pensar que las mismas administraciones públicas que dedican cientos de miles de euros en la lucha contra la violencia de género o en campañas formativas para erradicar el machismo, cuya presencia es muy preocupante entre los jóvenes de nuestra Comunidad, no deben financiar actividades que, justamente, y por muy artísticas que se presenten, fomenten valores contrarios.

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) parece haber tomado conciencia de este problema, que no se centra en el tal Maluma. Como señalan numerosas expertas en cuestiones de género, si se estuviera hablando de racismo, xenofobia o bullying nadie se andaría con remilgos a la hora de exigir que no se concediesen ayudas públicas a actos que los fomentaran.

Así pues, el ICI tiene la intención de impulsar, por fin, algún tipo de control para que el dinero público, que no es en origen propiedad de las administraciones sino de cada uno de nosotros, los y las contribuyentes, no termine fomentando lo que como sociedad democrática avanzada queremos eliminar.