Canarias7
Manuel Mederos

La arista

Lealtad al nuevo Estatuto

Coalición Canaria debería asumir su derrota en la reforma electoral y dejar de jugar a confundir a los canarios. La hora de la política, de los pactos y el debate ya pasó, ahora sólo queda acatar la ley de forma leal, como corresponde a los buenos demócratas. Deberían aprender de su aliado incondicional, el gomero Casimiro Curbelo, que en un gesto que le honra, reconoció que esa batalla está perdida. Así es la democracia. Se debate, se negocia, se vota, se gana o se pierde, pero siempre se acata la ley.

La responsabilidad de las instituciones públicas, todas, incluido el Gobierno de Canarias, es poner las condiciones necesarias para que la ley se pueda aplicar y los canarios podamos votar en mayo de 2019 con las nuevas reglas del juego, esas que mejorar mucho la representatividad y que introduce un novedoso sistema de lista regional, único en España. Introducir debates sobre cuestiones ya cerradas, como el número de diputados, el tipo de papeleta, el número de urnas, etc. con el objetivo de enredar el asunto y lograr que la nueva Ley de Régimen Electoral canario no prospere en el Parlamento es un sabotaje a la propia ley, una burda forma de boicotear su aplicación. Hacer dejación de la responsabilidad institucional desviando hacia los «otros», «los que promovieron la ley», como responsables de su puesta en marcha, no deja de ser una deslealtad institucional, propia de los perdedores.

La cuestión es clara. La ley hay que cumplirla ya, una vez publicada en el BOE, no hay que posponer sus efectos a conveniencia política y provocar un caos institucional. Y si no se cumple con una ley hecha en el Parlamento tendrá que ser el propio Gobierno de Canarias el que lo haga con un decreto a la hora de convocar elecciones, que, además, tiene la potestad de hacerlo cuando lo desee el presidente. Y si no lo hace el Gobierno cualquier partido político puede pedirlo ante la Junta Electoral, o ante un juez. ¿En qué lugar pueden quedar las instituciones canarias si esa es la deriva de los acontecimientos? Resultaría vengonzante que sea, en última instancia, un juez el que imponga el cumplimiento de una ley a las instituciones canarias y quien convoque las elecciones cuando un flamante Estatuto ha puesto las bases para que los canarios autogestionen su propio sistema electoral. ¿En qué lugar el Parlamento de cuyo seno se debatió y se consensuó? Quizás sea excesivo el planteamiento, pero en Canarias están ocurriendo cosas que permiten pensar que podemos acabar en la cuneta de la vergüenza.

No pueden haber excusas. Los partidos políticos, al margen de CC, ya deben tener un borrador de proyecto de ley elaborado y consensuado, algo que no parece difícil si se hace sobre las bases de la Ley de Régimen Electoral de 2003, aplicando lo recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía. La consulta que han hecho al Consejo Consultivo, no preceptiva, no parece el mejor camino para llegar a tiempo de los trámites parlamentarios, a su aprobación y a la necesaria campaña de publicidad para que los canarios conozcamos, perfectamente, cómo ejercitaremos el derecho al voto en este novedoso sistema. El Gobierno, sabiendo que sobre sus espaldas recae la responsabilidad de convocar y regular las elecciones no puede mirar para otro lado con la aviesa intención de que el partido que lo sustenta pueda seguir gobernando cuatro años más con el mismo sistema.

La normativa que tiene que poner en marcha el Parlamento no es compleja, no hay nada que el sentido común y una lectura comprensiva del Estatuto de Autonomía no resuelva. No se puede estar confundiendo a los canarios con las papeletas o las urnas. Parece obvio y razonable que son dos papeletas y dos urnas, una para la circunscripción insular y otra para la lista regional y que el ciudadano podrá votar las dos listas, o a una y abstenerse en la otra, que no habrá cinco urnas como se quiere argumentar para poner palos en las ruedas del proceso. Habrá dos urnas cuando el presidente del Gobierno convoque elecciones, que pueden estar separadas de las municipales y cabildos; habrá cuatro cuando coincidan con las municipales, y cinco con europeas y hasta siete si coinciden con las nacionales, hecho improbable. Sólo son cuestiones técnicas que debe resolver el Parlamento en un debate leal y sereno, dando cumplimiento a una ley orgánica de rango superior después de un largo proceso democrático en el que unos partidos pudieron colocar sus opciones y otros perdieron la batalla. Unos y otros, sobre todo los perdedores, deben actuar con lealtad a la ley y con responsabilidad para garantizar este derecho a los canarios.