Nuevo curso, viejos problemas

Los alumnos y las alumnas de las Islas se están incorporando estos días a sus centros escolares. Ya lo hicieron hace unos días los de Infantil y Primaria, y la semana pasada fueron los de Secundaria los que iniciaron el curso escolar 2008-2009. Un año académico en el que, con retraso, en el límite del cumplimiento de la ley, Canarias incorpora, por fin, Educación para la Ciudadanía, sin que a Milagros Luis se le ocurriera imitar a los conservadores valencianos, impartiéndola en alemán, ruso, tamazight o chino. Eso sí, la consejera debería obligar a cursar la asignatura a Jörg Miguel Schreber, secretario del grupo de CC en el Cabildo de Gran Canaria, además de presidente de sus juventudes y estudiante profesional, a ver si así adquiere los mínimos de tolerancia, respeto, buena educación y comportamiento democrático que se puede y debe exigir a un dirigente político, entre otras cosas, para no degradar tan noble tarea. Por intentarlo que no quede.

Antes de que los estudiantes atraviesen las puertas de sus colegios e institutos ya resuenan sindicales tambores de guerra, que anuncian un curso conflictivo si no se soluciona previamente su reivindicación de homologación sin contrapartidas del profesorado. El comité de huelga amenaza con no programar ni realizar ninguna de las actividades complementarias, paralizar los proyectos de mejora educativa y no participar en actividades de formación organizadas por la Consejería, además de apuntar la posible convocatoria de una huelga indefinida. Junto a ello, habla de una etapa de «resistencia democrática», anacronismo donde los haya, como si estuviéramos en plena dictadura.

Es decir, los dirigentes sindicales anuncian un curso conflictivo. Porque esa subida salarial de casi 500 euros per capita para 26.000 docentes de las Islas es hoy más imposible que ayer por la delicada situación económica, por la desaceleración de hoy y la recesión de mañana, y la espectacular bajada de ingresos de las administraciones públicas en el último período. Claro que cabría el recurso de incrementar significativamente el impuesto de la gasolina, posibilidad que me temo no levantaría demasiadas simpatías entre los ciudadanos y las ciudadanas. Aunque el comité, en un reciente comunicado habla, sin despeinarse, de «supuesta crisis económica»; no es broma.

Al margen de considerar, como he señalado en otras ocasiones, que se trata de una petición desmesurada (unos 240 millones de euros anuales, 40.000 millones de las antiguas pesetas, para siempre) y, sobre todo, injusta, al tratarse de una subida lineal para todos, los buenos, los malos y los regulares, los que cumplen estrictamente con sus horarios y los profesionales del absentismo, los que ejercen responsabilidades directivas y los que no, los que se comprometen con un trabajo de calidad y los que se limitan a cubrir el expediente. Estoy absolutamente convencido de que la mayoría de los docentes no tiene nada que perder en un aumento salarial vinculado a las buenas prácticas profesionales. Todo lo contrario. Como bien han señalado las federaciones de APAs y los colectivos estudiantiles, la imposibilidad de negociar sobre la homologación (¿cómo se negocia lo que consideran un derecho?) debiera hacer reflexionar a los sindicatos y derivar sus exigencias hacia el plano jurídico, exigiendo su cumplimiento.

Si, como reiteran, se encuentra bien fundamentada su exigencia de homologación salarial con el resto de funcionarios, si es verdad que el Ejecutivo canario no cumple con la letra y la música de la ley del 91, más temprano que tarde se resolverá a su favor el entuerto. Y con su traslado a los tribunales se evitarán nuevos perjuicios a los estudiantes y a la propia imagen del sistema público, ya suficientemente quebrantada.

Pero igual ya es tarde y el comité de huelga no tenga escapatoria alguna tras su pírrico triunfo en el referéndum sobre el preacuerdo celebrado a comienzos de este año. Y digo bien lo de pírrico pese a su abultada victoria en las urnas en el rechazo al preacuerdo de los sexenios: las consecuencias posteriores han sido más horas lectivas pérdidas, un mayor deterioro del sistema público educativo canario, descuentos salariales para los huelguistas del pasado curso y, además, llevar al profesorado a un callejón sin salida. Triunfo pírrico, por tanto.

El camino, en mi opinión, debe ser otro si queremos superar la actual crisis: el de poner sobre la mesa las auténticas prioridades de la educación canaria, sus déficit y sus posibles soluciones; el de la superación de las elevadas tasas de fracaso que, como hemos visto estos días, sitúan a Canarias, con un 35,9% de alumnos que no acaban la enseñanza obligatoria, cuatro puntos por encima de la media estatal y en negativa cabeza junto con Ceuta (52%), Melilla (37,5%), Valencia (39,7%) y Baleares (38%); el de una adecuada atención a la diversidad; el del aumento de los incrementos retributivos sobre la base de los compromisos y del reconocimiento del trabajo bien hecho; el de la exigencia a la Administración de unos presupuestos acordes con las necesidades formativas del Archipiélago, acercándonos al porcentaje del PIB de los países desarrollados, invirtiendo la negativa tendencia de los últimos años.

El camino, en fin, de la urgente mejora de la calidad de un sistema que pagamos todos los canarios y de cuyos resultados no podemos sentirnos, en modo alguno, satisfechos