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Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

Economía

Unos 3.400 parados de larga duración tendrán derecho a ayuda

Un total de 3.146 parados de Canarias podrán acogerse al Programa de Activación para el Empleo aprobado por el Gobierno central mediante real decreto, siendo el archipiélago la tercera comunidad en número de incorporaciones al programa solo precedida por Extremadura (5.560) y Andalucía (16.100).

Así de las 3.416 personas desempleadas que se podrán acoger en Canarias a dicho Plan, 1.699 son de la provincia de Las Palmas y 1.717 de la de Santa Cruz de Tenerife, según informó la Delegación del Gobierno.

Este Programa de Activación para el Empleo tiene como fin «evitar que alrededor de casi 42.000 personas de todo el país queden desprotegidas y sin las ayudas económicas», según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por no poder reincorporarse al programa una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

En este sentido, señalan que el Gobierno central ha hecho un «esfuerzo» para que la normativa sea aplicada con urgencia, ya que en caso contrario las personas que causen baja temporal quedarían definitivamente desprotegidas, puesto que la ejecución del programa concluirá en los próximos meses para los admitidos antes del 30 de abril de 2018. Por ello, la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha considerado que esta es una medida que forma parte «de los muchos compromisos de carácter social que el Gobierno de España se ha marcado como objetivos para solventar lo que se ha dejado de hacer años atrás y que ha perjudicado a los colectivos más desfavorecidos económicamente».

Por otra, parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias informó ayer de que ha regulado la situación laboral de 7.294 personas que no tenían contrato o era fraudulento y no se correspondía con la realidad en el primer semestre del año. Tras un encuentro con los responsables de Trabajo para planificar las actuaciones que se desarrollarán el próximo año, la consejera de Empleo, Cristina Valido explicó que «solo en seis meses han redundado en la mejora de las condiciones laborales de más de 7.000 personas que estaban desempeñando su trabajo en situación irregular», agregando que para el próximo año se pretende seguir vigilando este tipo de fraudes.