Tres condenas a la ULPGC por cesión ilegal de trabajadores

Dos juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria han dictado en poco más de una semana tres condenas a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a la Fundación Universitaria de Las Palmas por cesión ilegal de trabajadores. Unos de los fallos acusa a ambas instituciones de incumplir la ley de forma «grosera».

Los juzgados de lo Social números siete y cinco de Las Palmas de Gran Canaria dictaron en pasados días tres sentencias que condenan a la fundación Universitaria de Las Palmas y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por cesión ilegal de trabajadores, una fórmula para contratar trabajadores en precario privándolos de los derechos de los convenios colectivos de las administraciones públicas. Las sentencias son recurribles ante el Tribunal Superior.

El Juzgado de lo Social número 7 de la capital grancanaria hizo públicas el pasado seis de julio dos sentencias, firmadas el 30 de junio, que estiman los recursos presentados por los informáticos Francisco Javier Acosta Navarro y Miguel Déniz Carnero, declaró nulos sus despidos y obligó a las demandadas a readmitirlos en su puesto de trabajo o indemnizarles.

De otro lado, el Juzgado de lo Social número cinco notificó el pasado 12 de julio la sentencia que el día 7 condenó a las mismas contratantes por el despido nulo también informático Mario Rodríguez Izcoa.

Las sentencias declaran probado que los tres trabajadores fueron contratados como técnicos informáticos formalmente por la Fundación Universitaria, pero en realidad estaban prestando servicio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

hechos. En una de las sentencias se puede leer: «en el presente caso tenemos un convenio entre las demandadas para la realización por la Fundación Universitaria de Las Palmas de la gestión de unas concretas funciones, en el cual la misma aporta únicamente como elemento decisivo la mano de obra, maquillada bajo la forma de becas de investigación».

Las tres resoluciones consideran probados los hechos alegados por los demandantes durante la celebración de los correspondientes juicios y estiman que las demandadas llevaron a cabo una conducta típica de cesión ilegal de trabajadores.