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Est� Vd. en Edici�n Impresa » Hemeroteca » 10/07/05
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Nunca antes el servicio sanitario en el Sur de Gran Canaria movió tantos intereses e influencia. Dos reuniones en menos de cuatro días con el Gobierno de Canarias encabezadas en exclusiva por los propietarios del nuevo hospital de Meloneras (Sur de Gran Canaria), han alterado las relaciones de los poderes empresarial y político.
El nivel de controversia se ha ido agudizando a medida que pasaban los días después de que Mario Rodríguez, presidente de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, aludió al desequilibrio inversor entre Tenerife y Gran Canaria.
Hace 13 días, Mario Rodríguez expresó su crítico escenario de la realidad económica insular amparándose en un estudio de los técnicos de la patronal que, paradójicamente, financia el Gobierno de Canarias con 15.000 euros del erario público. Rodríguez arremetió contra ATI, Adán Martín y algunos consejeros del actual Ejecutivo, a los que calificó de «enemigos» de Gran Canaria.
Pero los acontecimientos posteriores a aquella declaración en defensa de Gran Canaria, han dibujado un horizonte de intereses perfilado por una operación inversora de la que es accionista.
Rodríguez es radiólogo de profesión y a lo largo de sus años se ha convertido en un solvente empresario de servicios clínicos y comercialización de productos médicos. Es dueño de la clínica San Roque y de una red de centros sanitarios en varias islas que están concertados con el Servicio Canario de Salud.
La cita. Tras su oposición frontal al Gobierno, Adán Martín telefoneó a Rodríguez y convino con él la idoneidad de verse cuanto antes. Ambos dirigentes acordaron una cita. Martín anhelaba que fuera antes de 48 horas, pero el empresario logró posponerla hasta el pasado miércoles, día 6.
En ese intervalo de tiempo, el debate subió de tono y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria respaldó la tesis de la Confederación. La temperatura del pleito tomaba cuerpo en una espiral con escasos precedentes, salvo cuando Manuel Hermoso accedió por vez primera a la Presidencia del Gobierno, a comienzos de los noventa.
El lunes, 4, la Confederación convocó a su comité directivo para repasar las reacciones de los días previos y consolidar un respaldo al presidente frente a los argumentos del Gobierno, como los del consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, que cuestionaba el informe de la Confederación con una cascada de datos.
Rodríguez informó a su comité, pero ocultó que esa tarde se reunía con María del Mar Julios, vicepresidenta del Gobierno, junto a los otros accionistas de San Roque-Meloneras, Germán Suárez y Sergio Alonso; al encuentro acudió un delegado de Satocan, que construye el hospital.
Según fuentes oficiales, la reunión no salió como pretendía Rodríguez. La vicepresidenta y consejera de Sanidad les confirmó que convocará un concurso y les aclaró que las adjudicaciones directas están descartadas porque son «ilegales». Eso significa que, sin garantizar la concertación de 150 de las 200 camas, los 27 millones de euros de inversión de San Roque, corren el riesgo de amortizarse en un periodo de tiempo mayor. Además, si San Roque va a concurso tendrá que medirse con otro gigante de la sanidad canaria, el grupo Hospiten. El dueño, Pedro Luis Cobiella, proyecta una clínica en Puerto Rico. Mientras, el centro médico Roca de San Agustín cuenta con un compromiso no ejecutado para concertar 60 camas, pactadas en la etapa de José Juan Santana como alcalde de San Bartolomé.
Cuando Sanidad convoque el concurso para los 100.000 residentes de la zona Sur y los 3 millones de turistas, San Roque y Hospiten tendrán que ofertar servicios, prestaciones (unas 300 camas) y productos acorde a un pliego de condiciones que fijará CC. La decisión del Gobierno no satisface a Rodríguez. Éste asegura que en la reunión con Adán Martín no se abordó dicho asunto.