No sólo propició un caso «paradigmático» de cesión ilegal de mano de obra, sino que, cuando la afectada lo denunció, la represalió de forma ilegal, vulnerando sus derechos fundamentales.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo pública ayer la sentencia que condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por una doble infracción: Cesión ilegal de trabajadores y vulneración del derecho de indemnidad, (represaliar a un trabajador que ha tomado medidas judiciales contra su empresa).
El fallo rechaza el recurso interpuesto por la Consejería contra la sentencia del juzgado que declaró nulo el despido de la trabajadora A.D.C., que durante siete años estuvo empleada como auxiliar administrativo en la Dirección General de Promoción Educativa, a través de contratos temporales suscritos con una ETT. La Sala dice que los contratos incurrieron en fraude de ley, y destapa la maniobra de la Consejería para eludir la normativa laboral y de Seguridad Social. «La contrata y subcontrata entre empresas es lícita, pero lo que el ordenamiento no tolera es el tráfico de mano de obra», expone.
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