El TSJC sienta en el banquillo a Arroyo por el 'caso del topógrafo'

Acusa al líder insular del PP de prevaricación e intrusismo profesional

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(Foto: canarias7)

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Acusado. González Arroyo, recientemente en el Palacio de Justicia en Gran Canaria.

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César J. Palacios
Puerto del Rosario

La Sala de lo Penal del TSJC ha ordenado la apertura de juicio oral contra el presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, a quien se le acusa de presuntos delitos de prevaricación e intrusismo profesional por contratar durante cinco años a un topógrafo sin titulación -su yerno- cuando era alcalde de La Oliva.

La magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini Domínguez ha ordenado la apertura de juicio oral contra Domingo González Arroyo y José María Pérez Palma por presuntos delitos de prevaricación e intrusismo. En su auto acuerda que se proceda «al enjuiciamiento de los hechos por los que han sido formulados escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y la representación procesal del querellante». La sala de lo civil y penal del TSJC será así la encargada de realizar y fallar en este este juicio, el primero de las tres causas penales abiertas contra el presidente insular del PP.

En el auto, la juez instructora se declara competente para abordar este asunto, dada la condición de aforado de González Arroyo (es parlamentario regional), y dispone que los dos imputados se mantengan en situación de libertad. Además, les da un plazo de diez días para que muestren su conformidad con el caso y propongan las pruebas que consideren necesarias para defenderse.

El pasado 20 de marzo, el Ministerio Fiscal ya calificó los hechos denunciados como constitutivos de un delito de intrusismo, por permitir que una persona no titulada (su ex yerno) trabajara durante cinco años en el Ayuntamiento de La Oliva como topógrafo cuando González Arroyo era alcalde. Y señala además la comisión de un delito de prevaricación por parte del ex alcalde.

confesión y luego la querella

Fue en una vista en el Juzgado de lo Social, donde José María Pérez Palma recurrió su despido, cuando el ex alcalde Domingo González reconoció que había contratado a Pérez Palma a sabiendas de que carecía del título de topógrafo. El siguiente paso fue que el gobierno de la nueva Corporación, de CC y el PSC, decidió acudir a los tribunales. Como suele decirse, aquellos polvos trajeron estos lodos. A ver en qué queda todo este litigio.

Multa y 18 meses suspendido de cargo público

n El caso del topógrafo, como popularmente se le conoce, empieza a tomar cuerpo con la presentación, el 12 de agosto de 2004, de una querella criminal por parte de la nueva Corporación municipal de La Oliva en el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario.

Tras las diligencias previas, el fiscal ha solicitado para González una sanción de 16 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, además de 18 meses de suspensión para el ejercicio de cargo público.

Para el ex yerno y falso topógrafo pide 9 meses de multa el Ministerio Fiscal.

El acusado José María Pérez Palma, que estaba casado con una de las hijas de González Arroyo cuando fue contratado, realizó, según un comunicado remitido por la propia Fiscalía, las actividades propias de ingeniero técnico en Topografía, para las que contó con el conocimiento y el consentimiento de González Arroyo, y que se mantuvo entre los años 1998 y 2003.

El detonante del caso se produjo con el cambio de gobierno en La Oliva, que provocó la caída de Domingo González y del PP y el acceso de CC y el PSC-PSOE al poder en el A Ayuntamiento de La Oliva.