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S.M.
Las Palmas de Gran Canaria
Los representantes del personal de administración y servicios laboral de la ULPGC se hace de este modo eco de una situación denunciada meses atrás por algunos de los becarios y contratados en precario afectados que han denunciado a la Universidad por contrataciones fraudulentas y cesión ilegal de trabajadores.
Esta situación afecta a unas ochenta personas. Se trata, en parte, de becarios en formación que, según denuncian, realizan tareas laborales ordinarias y cumplen horarios similares a los de PAS, cuando deberían estar realizando tareas de formación. El segundo grupo lo componen los contratados temporales -la mayoría ex becarios- cuyas contrataciones se suceden en el tiempo a lo largo de los años. Estos contratados lo están a través de la Fundación Universitiaria de Las Palmas.
Según los sindicatos, la Gerencia niega que se realicen estas prácticas. Sin embargo, aseguran que han constatado que numerosos servicios -biblioteca, reprografía, mantenimiento y publicaciones- cuentan con personal que se compone de gran número de becarios que realizan tareas de personal laboral por sueldos ínfimos.
Las organizaciones también critican la creación por parte de la Universidad de la empresa TIC ULPGC S.L., destinada a prestar servicios de informática y telecomunicación al propio centro. Para los sindicatos, esta empresa constituye una privatización del servicio de informática de la Universidad y una forma de «no retribuir adecuadamente al personal que ya tiene», sino precarizar aún más el trabajo.
La Universidad declinó realizar declaraciones sobre esta cuestión.
Los sindicatos del personal laboral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acusan al centro de sustituir sus puestos de trabajo con becarios y contratados en precario en lo que consideran una práctica ilegal. Varios becarios y contratados han llevado ya a los tribunales una situación que consideran fraudulenta.
Para Joaquín Sagaseta, abogado que lleva las demandas contra la Universidad de una decena de becarios en formación y contratados en precario vinculados al servicio de informática de la ULPGC, en estos casos se producen «dos fenómenos lesivos al estatuto de los trabajadores» en sus planteamientos básicos. En primer lugar, dijo, existe una contratación fraudulenta de personal laboral, bajo la forma de becas de formación. El segundo fenómeno es, dijo, la cesión ilegal de trabajadores, al interponerse una tercera empresa -la Fundación Universitaria o Gran Canaria Campus, una junior empresa de telecomunicaciones de la ULPGC-. Constituyen todas formas de no reconocer a estos trabajadores todos sus derechos, dijo Sagaseta. El letrado apuntó que todos los demandantes presentaron reclamaciones previas en la Universidad y nunca recibieron respuesta.
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