Freno al descuento duro

Hay cabida en Canarias para la implantación de una nueva cadena de supermercados de descuento duro? El Gobierno canario cree que no: el decreto comercial que está a punto de aprobarse lo pone imposible a este tipo de establecimientos.

La empresa alemana Lidl opina lo contrario y advierte de que no cejará en su empeño de instalarse en las Islas para ofrecer sus «precios sin competencia» al consumidor canario. La empresa anuncia una auténtica guerra jurídica contra el decreto canario. Advierte que recurrirán el decreto y acudirán a los tribunales de justicia por la vía penal y a los órganos competentes en Madrid y en Europa.

Lidl tiene casi 400 tiendas abiertas por toda España y ha solicitado licencia para abrir 13 más en Canarias (6 en Tenerife, 5 en Gran Canaria, 1 en Lanzarote y 1 en Fuerteventura). Pero el polémico decreto no les deja sitio: establece un nivel de saturación de 0,002 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de la superficie mínima que necesita este tipo de establecimientos.

Javier Suárez Ordoño, director regional de Lidl Canarias, no acaba de explicarse tanto obstáculo. «Estamos entre las primeras diez marcas de comercio en Europa, ofrecemos los precios más bajos del mercado», señala, «y lo único que queremos es que nos dejen ofrecer nuestros productos a la sociedad canaria. Obviamente que buscamos beneficios, porque somos una empresa y no una ONG», añade, «pero de lo que se trata es de aumentar el volumen de venta para poder trasladar ese beneficio al consumidor».

Hasta ahora la empresa alemana ha sido cauta, pero a la vista de lo infructuoso de sus intentos por convencer al Gobierno canario de las ventajas de su implantación en las Islas, ha decidido bajar a la palestra pública. «Los ciudadanos deben saber de lo que se les está privando», señala Javier Suárez. «Somos una locomotora para el tejido comercial y beneficiamos al cliente. Queremos invertir 300 millones de euros en Canarias y no hay motivo real para negarnos las licencias», asegura.

regulación. Entonces, ¿por qué el decreto? El Ejecutivo alega la necesaria regulación del mercado, pero Lidl asegura que la norma se ha elaborado expresamente para cerrarles el paso.

«Primero estábamos sorprendidos, luego decepcionados y ahora estamos avergonzados de la actitud del Gobierno canario», expone el directivo de la empresa. «¿Qué interés tiene en sacar ese decreto contra nosotros? Sólo cabe una respuesta: blindar los intereses individuales de unas pocas personas», añade el representante de Lidl en Canarias.

Suárez rechaza de plano que se trate de una medida en defensa del pequeño comercio. «Es falso, Lidl no compite con el comercio tradicional, sino con las grandes superficies», señala. «Además, nuestro catálogo de productos es reducido, lo que obliga al consumidor a completar su cesta de la compra en comercios adyacentes. Sin contar con que nosotros no sacamos al consumidor a las afueras como las grandes superficies, sino que lo arraigamos porque nos instalamos en los barrios», añade, «donde dinamizamos y revitalizamos el comercio tradicional».

Otro factor que se baraja es la posible destrucción de empleo. «Absurdo. El informe que tiene el Gobierno canario se basa en datos irreales. Con las licencias que hemos pedido crearíamos al menos 600 puestos de trabajo», asegura el director regional.

«Si dinamizamos la economía, creamos empleo y tenemos los precios más baratos, ¿a quién hacemos daño?», se pregunta Suárez. «Digámoslo claro: a Mercadona y Carrefour. Ese es el problema y la verdadera razón de que nos digan que no», expone.

concepto distinto. Pese a la categoría en la que se engloba a efectos de concesión de licencias, Lidl no se siente identificada con la definición de descuento duro. «Un decreto debe regular, nunca impedir», expone, «y nosotros somos una cadena de supermercados con un concepto distinto, porque reducimos al máximo los gastos superfluos, pero no para aumentar nuestro margen como hacen otros, sino para transmitirlo al cliente con los mejores precios».

Oficialmente, el decreto del Gobierno no prohibe la implantación de Lidl, pero las limitaciones de espacio impuestas por la tasa de saturación hacen inviable la rentabilidad de la inversión.

Se necesita una superficie mínima de 900 metros cuadrados por establecimiento y con la nueva norma en la mano le corresponderían sólo 500 metros para el área Las Palmas de Gran Canaria-Telde, 100 metros para Agüimes-Ingenio, 50 para Gáldar-Arucas, 90 para Puerto del Rosario y 85 metros cuadrados para Arrecife.

«Es irrisorio. Nos conceden la misma superficie que a un quiosco», señala Suárez, «y así es imposible trasladar nuestros precios al consumidor».

La posición de Lidl abre un nuevo frente en la Consejería de Industria. El anuncio de recurso ante los tribunales de justicia del decreto, nada más aprobarse, y las posibles acciones en la Unión Europea por limitación en la libertad de mercado puede convertir el decreto de comercio en papel mojado durante meses, a lo que se une la guerra de los empresarios en Gran Canaria.