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05/05/2011

Guerra en la Junta Electoral

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Daida I. Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria

La reforma de la Ley Electoral ha tenido más consecuencias que evitar un alud de carteles en la precampaña. Los partidos políticos, e incluso la Televisión Canaria, están hilando muy fino, desatando una guerra previa al 22-M ante la Junta Electoral.

Las juntas electorales se han convertido en el primer escenario de la batalla electoral. Los partidos políticos están al acecho ante las maniobras de sus oponentes en las urnas, sobre todo CC y PP.

Precisamente, los servicios jurídicos del PP son los más activos en las presentación de quejas ante las juntas electorales de zona. Coordinados por el conejero Fernando Figuereo, Coalición Canaria ha sido la principal víctima de sus denuncias. Ricardo Melchior, candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, ha conseguido superar dos, eso sí, tras recurrir la decisión en primera instancia. Por su parte, Paulino Rivero ha sido denunciado por los conservadores dos veces, en ambas la Junta le ha dado la razón al considerar que está ejerciendo su labor institucional como presidente del Gobierno regional.

A Coalición Canaria le fue denegada su queja contra la presentación de Carolina Darias pero sí consiguió que el candidato del PP a la Corporación insular tinerfeño, Antonio Alarcó, recibiera una reprimenda de la Junta.

Pero no sólo los partidos acuden al organismo electoral. La Televisión Canaria (TVC) ha elevado una queja ante la Junta Electoral Central por la decisión de los partidos de colocar los espacios publicitarios gratuitos entre los anuncios comerciales.
Al contrario que en el resto de televisiones y radios públicas, como por ejemplo RTVE, los partidos han decidido prescindir de los bloques electorales en TVC antes o después de los informativos y distribuir la publicidad de manera aleatoria.

Según explica, Guillermo García, director general de TVC, «el problema que crea en la configuración de la parrilla es enorme y más cuando la decisión se toma tres días antes de la campaña». De ahí, que el Ente público haya decidido pedir el amparo de la Junta Electoral.

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