No pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí me mojo, como he hecho en otras ocasiones, para criticar la investigación y la instrucción del caso Las Teresitas. Me pregunto cuánto ha costado al Estado esta investigación para que acabe desinflándose como una sopladera que se le escapa de las manos a un niño, como ha ocurrido con todas las iniciativas policiales que desde 2006 se pusieron en marcha en Canarias.
En este caso la investigación se inicia por decisión e «impulso policial» que recoge «soplos» de «fuentes confidenciales» en una serie de entrevistas que se traducen en un «informe» que asume la fiscal en forma de querella y la jueza instruyendo. No soy juez, -Bellini tampoco lo es de carrera-, pero no me parece acertado admitir «informes» sobre soplos para pinchar teléfonos. Debió exigir a la policía pruebas y testigos que acreditasen lo que estaban diciendo esas fuentes anónimas de la investigación.
El auto que desinfla el caso Las Teresitas llega a dar los nombres de empresarios que no han estado imputados. Los coloca por escrito, con las cantidades que dicen los soplones que cobraron por la operación inmobiliaria, para concluir que no «ha quedado acreditado de forma cierta e inequívoca la existencia de indicios sobre el cohecho».
El auto es incomprensible. La magistrada constata una serie de hechos después de cinco años de investigación, un millón de movimientos bancarios de las cuentas de Zerolo, pinchazos telefónicos, cientos de declaraciones... de los que dice son meras «suposiciones» de los que no se puede obtener «un juicio de referencia razonable». Una investigación para acabar poniendo sobre la mesa el valor de las compras de Zerolo en el supermercado y el precio de unos ceniceros de plata regalados por Vultesa.
Escribir un comentario