La reforma del verano

Muchas tragaderas demostraron ayer los diputados socialistas en el Congreso para aprobar una amarga reforma constitucional apañada en el mes de agosto y de dudoso origen y de triste final. Que Alemania dicte normas constitucionales y que los partidos mayoritarios en España acepten la modificación de la ley de leyes para satisfacer a los mercados no son el mejor principio para tocar las normas de convivencia que rigen las democracias.
El constitucionalismo precisa del debate previo de los ciudadanos y del consenso para la convivencia. Las prisas, la precipitación, el acuerdo bipartidista, la falta de debate público, presiden un cambio, que por mucho que lo pinten, tiene también matices ideológicos, o al menos debe provocar ciertos escrúpulos a una importante parte de los españoles de izquierda, como ha dejado patente el silente socialismo del nuevo Rubalcaba. Incluir en un texto constitucional la prioridad absoluta de pagar los créditos y sus intereses para satisfacer a las entidades que los emiten no casa bien con la prioridad pública de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a los que el Estado debe proteger.
Ni el principio ni el final, porque esta reforma constitucional de agosto da la impresión de que se queda en un simple gesto al otorgar a los gobiernos y mercados de turno la facultad de definir el límite, dando paso al ejercicio de la arbitrariedad.
A pesar de todo, Zapatero tiene razón: por el bien de España los políticos no pueden gastar como les plazca, como ha hecho él en estos años. Limitar el déficit nos protege a todos, pero lo que no tiene sentido es hacerlo en la Constitución, con prisas, en agosto y en una norma que, al final, no pone cifra alguna.