Lo de la planta de gas ya suena a cachondeo. Todos los políticos que habitan las administraciones con alguna competencia en este asunto admiten la necesidad de que en Canarias se queme gas y no fuel. Es más limpio, es más barato, reduce la dependencia del petróleo y lo manda la Unión Europea. Todos de acuerdo, pero todos se echan en cara el asunto. La verdad es que a los ciudadanos les importa poco el peloteo administrativo sobre quién tiene la culpa de que en Canarias, después de 10 años, se siga quemando petróleo. La gente de la calle no entiende muy bien quién tiene la competencia de ejecutar un plan, si el Cabildo o el Gobierno, y si existe alguna opinión al respecto es la de que ellos lo cazaron, ellos lo cocinaron y ellos se lo comieron. Y así es.
En el 2002, bajo el mandato de Román Rodríguez (NC), se impulsó el gas y se creó Gascan. En 2005 José Carlos Mauricio, con sus sectores estratégicos y su reparto empresarial, metió cuchara en el asunto y creó un follón que logró paralizarlo. José Manuel Soria (PP), ya en el Cabildo, ubica la planta en Arinaga o en el Puerto de La Luz y monta otro follón a cuenta de los terrenos. Se agrega al pleito un alcalde muy combativo que ya no está en CC.
En el 2007 Román Rodríguez llega al Cabildo de la mano de los socialistas y el tema se enreda de nuevo. Los chicos de José Miguel Pérez (PSOE) llevan el Plan Territorial Especial de Infraestructuras de Hidrocarburos (dónde irá el gas) a la Cotmat, junto con los planes eólicos (molinos) y eléctricos (Chira). Emilio Mayoral no define el lugar. Se cartea con el Gobierno que asume las competencias, pero se niega a decidir dónde irá la planta. Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente (PSOE) paraliza la aprobación del informe de impacto medioambiental. ¿De quién es la culpa?
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