Infierno Lifeblood

El caso Lifeblood se ha convertido en un infierno en el que se queman sus protagonistas, cosa que no está mal; yo los tendría en el purgatorio, como mínimo. El problema es que con ellos se quema, cada día un poco más, la posibilidad de que la sociedad canaria obtenga una respuesta política y judicial lo suficientemente transparente como para ser creíble y aceptada. Me explico.
Topamos con una diablesa, la exconsejera de Sanidad, Mercedes Roldós, empeñada en defender, por encima de todo, su dignidad y su gestión. Cada vez que el tema asoma crispa, chilla y acusa al mundo de construir una realidad ficticia con el único fin de perjudicarla. La exconsejera no desaprovecha la ocasión para, desde la tribuna del Parlamento o en los pasillos, rodeada de voceros, recriminar y amenazar. Nunca pensé tal descomposición de una política circunspecta, alambicada y eficaz.
Su pataleta en contra de todos los que queremos informar o saber la verdad, contra su sucesor, está protegida por una situación política algo anómala. Los rescoldos del pacto del PP con CC siguen vivos y aquí no se mueve nada más de lo imprescindible para que no llegue la sangre al río. Ella explota con eficacia esa entente para que el Gobierno no diga una palabra más alta que otra en todos los asuntos en los que intervino y que ahora son piedra de escándalo. Para el Gobierno, todo lo que hizo Roldós es legal, aunque los nacionalistas lo hubiesen hecho de otro modo. Roldós debe tener cuidado, porque, por mucho que trate de contener los agujeros de su gestión con presiones al Gobierno, habrá un momento en el que no tenga manos para contener la riada, como le ha pasado con su protegido, Guillermo Martinón.
Los socialistas, liados en sus trifulcas internas, no logran agarrar el fondo del asunto, blindado por una perfecta tramitación administrativa. Tienen momentos de lucidez echando a pelear al PP de Roldós con la CC de Rivero, arañando parte de esa verdad que tanto protege ella, pero sin conseguir hacer hielo de ese bloque para una triste Cocacola.
Yo, como dice la jueza Rosell, en su intuición política, porque la judicial no la tiene nada fundada, creo que en Lifeblood hay serias dudas, sospechas importantes. Pero esa verdad política está, por ahora, bastante vedada a la opinión pública Canaria. Hay una deliberada actitud política de ocultar lo qué pasó con ese escandaloso contrato de 122 millones que fue provisionalmente adjudicado a una empresa sin mérito alguno, pero nacida en el entorno más chic del PP.
Creo también que la ruta judicial elegida para investigar el caso tampoco es la mejor para defender el interés general, la transparencia y la justicia. No hay otra forma de decirlo: el caso está en manos de los enemigos públicos del PP, sospechosos de querer pescar otro salmón con el que tribular en los pasillos de los juzgados a los populares. La jueza que instruye el caso es la portavoz de Jueces para la Democracia, una asociación minoritaria (en Canarias son seis jueces), muy ligada a los socialistas. Rosell, protagonista indiscutible de las más sonadas polémicas judiciales, ha sido denunciada de forma reiterada por el PP, sin mucho acierto ni éxito, y ella misma, o a través de personas de su entorno, da continuas muestras de estar muy enfadada con la derecha canaria.
Tampoco añade transparencia a la investigación el hecho de que el asunto fuese cogido por los pelos por esta jueza. Viendo la tele decide, de forma excepcional, actuar de oficio contra la doctora Palop, tomarle declaración sobre un presunto soborno, archivar y extender la instrucción al caso Lifeblood. Rosell abrió otra línea de sospechas, ahora en el reparto de asuntos judiciales, y a otra pugna judicial interna. No creo que con estos mimbres la investigación y su resultado sea creíble y satisfaga a la justicia, a la sociedad canaria que quiere saber la verdad.
En este infierno Lifeblood quiso el destino (o la política) que la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, Lourdes Quesada, fuese la mujer del fiscal jefe provincial, García Panasco, añadiendo más morbo mediático al asunto e intoxicando un poco más la transparencia de la investigación judicial. Ha salvado este escollo la prudencia de la Fiscalía de Canarias, que a instancias de Vicente Garrido, y para evitar las sospechas desatadas, ha sacado de Canarias el asunto.
Feo. Muy feo este asunto reducido, otra vez, a los que están conmigo o contra mí y no con la verdad.