España por fin ha encontrado el Judas perfecto en el que proyectar toda la ira contenida en esta crisis. La saña contra el colectivo de controladores rebasa ya algunos límites éticos y abre una peligrosa vía para el futuro de otras reivindicaciones laborales y sociales en este país.
Este fin de semana, algunos medios nacionales pusieron especial empeño en buscar testimonios escabrosos de afectados en un ejercicio de demagogia exagerada, alimentada por el Gobierno con todo tipo de filtraciones interesadas. En El Mundo, por ejemplo, una mujer posaba con la foto de padre muerto en los baños de un aeropuerto por infarto mientras esperaban la salida de un vuelo ese fatídico viernes 3 de diciembre. Chirría mucho afirmar que los controladores mataron a este hombre. Sobrepasa los límites de la crítica a su actuación y coloca en un escenario indeseado a un colectivo que, con sus graves pecados, forma parte del sistema productivo del Estado.
Es verdad que seiscientas mil personas vivieron dramas personales, si así se puede catalogar el hecho de perder las vacaciones, no llegar a bodas, bautizos o a los puestos de trabajo. Lo cierto es que nunca se abandonaron los servicios de emergencia en las torres de control para permitir el tránsito de aviones medicalizados y de emergencias. Nadie murió en un avión o en un aeropuerto porque los controladores dejaron sus puestos de trabajo.
Lo real, puestos a dramatizar de verdad, es que ese mismo día, unas horas antes del caos aéreo asesino, el Consejo de Ministro aprobó un decreto mucho más sobrecogedor con que el hundió a miles de familia en la miseria. Ese día perdieron el único sustento vital que les quedaba con los 425 euros de ayudas a los parados. Puestos a la demagogia, estas familias no pierden sus vacaciones, lo pierden todo.
Archivos Diciembre 2010
Este Gobierno, aun cuando aparentemente hace bien las cosas, deja un reguero de sospechas que siempre acaba por perjudicarlo. Los controladores lo pusieron difícil la noche del viernes y se actuó con contundencia. Los ciudadanos percibieron de inmediato que el Gobierno ponía los medios para salir del atolladero, pero una vez recuperada la calma, superada la perplejidad de las medidas, se impuso el análisis más frío, con el que se han abierto muchos interrogantes sobre el proceder del Gobierno.
Ningún español duda de que los controladores se pasaron de rosca. Se colocaron, sin cálculo alguno, al borde del precipicio. Acabaron por completo con su credibilidad, con el futuro de su profesión y con cualquier vía de diálogo con colectivos de presión institucional en servicios básicos. Los españoles ya no están dispuestos a aguantar situaciones de privilegio y de bloqueo en medio de una crisis económica como la que sufrimos.
El proceder de los controladores no resta responsabilidad al Gobierno; la previa, en los diez meses de negociación sin ningún tipo de resultado; y durante la crisis del pasado fin de semana. A estas alturas, muchos españoles vivimos con la sospecha, más que fundada, de si el Gobierno pudo evitar el grave conflicto del viernes, sabiendo, como sabía, que se iba a producir una huelga encubierta.
De hecho, a lo largo de la semana se negociaba en Fomento con los controladores y se conocía su crispación a cuenta del decreto de recortes que se llevaría al Consejo de Ministros. No es descabellado pensar que el Gobierno, bien para acabar de una vez por todas con el conflicto o para ocultar el peso del resto de las medidas aprobadas, como la supresión de las ayudas a los parados, no moviese un dedo para evitar lo que veían venir.
Los controladores sobrepasaron ayer los límites de lo que un país en plena crisis económica puede permitir a un colectivo de presión, cuyo trabajo afecta a millones de personas. José Blanco logró criminalizar a los controladores ante la opinión pública de forma poco razonable, pero su desmedida actuación de ayer no tiene justificación alguna y acaba definitivamente con cualquier esperanza de que ese servicio recobre algún día la normalidad con los instrumentos y el personal que ahora lo sostiene.
La actitud desaprensiva desplegada ayer por los controladores en el momento cumbre de los desplazamientos de millones de personas en este largo fin de semana ha cortocircuitado los pocos puentes que quedaban vivos entre este colectivo y la sociedad y con el Ministerio de Fomento.
El Gobierno hizo ayer lo que tenía que hacer para garantizar el servicio público ordenando la militarización del servicio y llevando al colectivo ante los tribunales. La orden del presidente del Gobierno estuvo acorde con una actuación destinada a sumir en el caos al país.
Una vez traspasados los límites, el Gobierno tenía las manos libres para, sin más contemplaciones, salvar el derecho de los ciudadanos a viajar, además de poner las bases para el correcto funcionamiento de un servicio básico en una de las principales arteria económicas del país, como es el tráfico aéreo. Militarizar el servicio, garantizarlo y hasta disolver este departamento de AENA está justificado después de esta sediciosa actuación del colectivo.
Canarias, que depende de sus aeropuertos para subsistir, tampoco debe permitir que un colectivo como este ponga en riesgo su futuro en un momento tan delicado como el que atravesamos.
