Más Policía

Sería absurdo que un partido político nacionalista renunciara a una seña de identidad propia, como puede ser la policía Canaria. Con este cuerpo pasará lo mismo que con la Televisión Canaria. Tiene detractores, pero por los contenidos que ofrece, el dinero que cuesta o las aspiraciones de algunos. Nadie duda ya de que es imprescindible como servicio público para los canarios y que se ha convertido en uno de los pocos elementos vertebradores que tiene esta región.

De hecho, la oposición socialista a la Policía canaria es de boquilla. Es un derecho estatutario y legítimo y sólo ha sido cuestión de voluntad política ponerla en marcha. Estaba en el pacto CC-PP y así se ha hecho, pero, además, el Ministerio del Interior ha cedido a todas las pretensiones y el decreto de creación, que nadie ha recurrido en ninguna instancia, amplía mucho más allá de lo que el Estatuto permite las competencias del nuevo cuerpo de seguridad. Veámos algunas sobrepasadas del citado decreto son estas: "Velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones, y mantener el orden en grandes concentraciones humanas, función que corresponderá con carácter prioritario al CGPC. A requerimiento de las FCSE se colaborará en la vigilancia del litoral, el control de explosivos y de material pirotécnico, el control de la inmigración irregular, la verificación del resguardo fiscal y la vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad privada radicadas en Canarias y funciones de Policía Judicial". Una calculada ambigüedad que permitirá su implantación en materia de seguridad ciudadana y otras.

La Junta de Seguridad es una de las piezas fundamentales para el Gobierno de Canarias, pero no la de la fiestas de La Bajada, en La Palma, sino la que queda por constituir al más alto nivel para la coordinación de cuerpos y el traspaso de información. Esa es posible que la presida Paulino Rivero y Rubalcaba, si Zapatero sigue necesitando apoyos en Madrid. Se trata de un instrumento de primer orden para una comunidad colocada en tierra de nadie en la que la seguridad, en el amplio sentido de la palabra, debe ser tarea de todos, del Estado, y no sólo del Gobierno de la Nación.