Que nuestros hijos sean los peor preparados del Estado es una vergüenza para la comunidad educativa y un lastre que impedirá que en mucho tiempo esta región se coloque en primera línea en Europa. El Gobierno de Canarias ha dado por ciertos los resultados del primer diagnostico de la educación en España, reconocimiento que, en sí mismo, es un buen síntoma. Otros estudios de carácter privado que han arrojado cifras similares han sido descalificados por el Gobierno y los sindicatos, que veían reflejados en sus datos el fracaso de la política educativa que ha imperado en las Islas de la mano de los sucesivos gobiernos nacionalistas y sus sindicatos.
Los datos, como apuntaba la consejera de Educación, Milagros Luis, deben servir de revulsivo para obligar a la sociedad canaria a revolucionar a la comunidad educativa, estancada en resolver los problemas laborales de los profesores. No es de recibo que sus horarios, sus jornadas, sus oposiciones y sus listas de sustitutos hayan sido, durante años, el primer problema de la política educativa de las Islas y que, además, se constituyan en una especie de poder fáctico y de presión política, canjeando paz educativa por mas beneficios corporativos. Como no es de recibo que, a la vista de los datos de este estudio, sigan diciendo que es un problema de inversión económica.
Hoy esa política y posición sindical nos pasa esta factura, que además no se salda a corto plazo. Tendrán que pasar varias generaciones para reconducir los nefastos resultados que arroja el trabajo de los profesores. Pocos colegios públicos superarían hoy una auditoria independiente, que creo que debe ser hecha, para detectar dónde está el agujero que engulle tanto dinero para tan pocos resultados.
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