El ministro de Fomento, José Blanco, dio a conocer hoy en el Congreso de los Diputados el nuevo modelo aeroportuario español que el Gobierno piensa poner en marcha a lo largo de esta legislatura. AENA seguirá siendo pública. Sólo se privatiza un 30% . La gran empresa se disgrega en varias empresas filiales y el Gobierno posibilita a la participación de otras administraciones en la gestión de los aeropuertos de más tráfico aéreo.
A priori, y a falta de un análisis más profundo de la propuesta de Blanco, da la impresión de que el Gobierno ha querido satisfacer a todos, especialmente a los nacionalistas, pero creo que el proyecto abre nuevos frentes y más intensos.
Los catalanes ya andan enfadados por los pasillos del Congreso. Ellos no quieren el 49% de las acciones de El Prat. Han pedido la gestión total de los aeropuertos catalanes y la fórmula anunciada por Blanco los convierte en convidados de piedra en un consejo de administración. Los canarios no ha reaccionado, pero la propuesta tampoco responde a la idea que ha expresado Paulino Rivero. No hay traspaso de competencias, ni un órgano coordinador de toda la actividad aérea en Canarias, justificado por el fraccionamiento del territorio.
Sólo existe la promesa de un comité aeroportuario de planificación y rutas y pequeñas empresas de gestión en cada aeropuerto en la que podrán participar los ayuntamientos, los cabildos, los ayuntamientos y las cámaras de comercio.
La contradicción es que la disputa política de los nacionalistas con el Gobierno está centrada en los aeropuertos rentables, que son sólo nueve, frente a los de servicio público, aquellos que son necesarios para no quedarnos aislados, que son 103 en toda España, seis de ellos en Canarias.
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