Canarias

Dije, este fin de semana, a un grupo de gente comprometida con diversas realidades políticas y sociales en Lanzarote que me pidieron que les ayudase a reflexionar sobre la evolución del poder político en Canarias desde su constitución como comunidad Autónoma, que vivimos es una democracia y que estoy orgulloso de lo que hemos logrado los canarios. El poder en Canarias sigue los patrones de las democracias representativas. Estamos ante una sociedad cuyos núcleos de intereses y poderes pelean en un marco legal para obtener posiciones de dominio a través de las instituciones de representación. Hemos logrado vivir en democracia. La única peculiaridad canaria, si lo podemos llamar así, es su articulación territorial. En la distribución del poder, las islas, entendidas cada una individualmente, han adquirido un papel relevante. La región se articula desde las islas, constituidas ahora en auténticos fortines. La gran representación que se otorga a la isla en la triple paridad de representación parlamentaria, ha articulado un poder político en el que domina lo insular. Ha triunfado plenamente el insularismo.
Igual que creo que con este modelo hemos dado un paso de gigante en nuestro desarrollo económico, social y político, creo, también, que el modelo está agotado. Ha impedido una articulación fuerte de Canarias como una auténtica región y de un liderazgo político de todos los canarios. Incluso, en lo económico, cada isla va a lo suyo. Sólo hay que echar una mirada a nuestros productos turísticos en el exterior. Tenerife compite con Lanzarote, sin que su actividad tenga otro reflejo regional que el estadístico. Ningún gobierno ha sido capaz de poner coto a esta desobediencia generalizada de las islas, entre otras cosas porque no tiene la autoridad suficiente para hacerlo, porque está mediatizado por el mal del reparto que impone la fragmentación política en la que ha derivado la región.
Las instituciones del Gobierno se ponen al servicio de las cuotas de poder de las siglas políticas, que en este caso coinciden con las de las islas. Así vemos cómo grandes inversiones y proyectos, vengan de donde vengan, se convierten en una puja de poder para desviarlo hacia intereses concretos en esas islas. Detrás de las complejas macrocifras de los presupuestos de la comunidad, siempre se esconde un desequilibrio económico importante.
Los partidos no han escapado del triunfo del insularismo. Gestionan su poder en torno a las organizaciones y barones isleños . Existen partidos, como el PP y el PSOE, que priman la pertenencia a una isla que a la región o a la nación. El chicharrerismo es propio de los tinerfeños, sean del partido que sean. Soria tiene tantos problemas con Cristina Tavío en su fortín chicharrero como Paulino Rivero con el de los herreños, o el propio López Aguilar con Casimiro Curbelo en La Gomera. Éstas son sólo pinceladas de los efectos perversos del modelo insularista que hemos consagrado y que debemos superar.
Creo que es necesario un gran pacto político y social que retome a Canarias en toda su dimensión. Un pacto que tenga como excusa, por ejemplo, la reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la reforma electoral, con un principio de representación más equitativo, justo y proporcionado, que permita la vertebración de Canarias y la de liderazgos fuertes. La excusa de un pacto puede ser la crisis económica para abordar, en su conjunto, una nueva estructura en la que se asegure el peso y continuidad del turismo como fuente principal de ingresos y se apoye el crecimiento industrial, especialmente el tecnológico, y recuperar el sector agrícola.
Lo que no tengo claro es que los partidos políticos estén en disposición de acometer esta tarea. No veo con fortaleza suficiente a los agentes sociales para ello, ni a la patronal ni a los sindicatos y tampoco está suficientemente articulada la sociedad civil.