Algunos juristas afirman taxativamente que el Gobierno debe pagar la indemnización de Tebeto. Me imagino que aplican criterios generales, porque en este caso aún quedan varias puertas abiertas para evitar el pago.
Entre otras, la más importante, la consideración que quiera hacer la Sala sobre las distintas cuestiones que el Gobierno le viene planteando en los recursos de súplica. Recursos en los que, en ningún caso, se le dice a la Justicia que no se va a pagar.
El Gobierno, en ningún momento de estos dos intensos meses de pelea jurídica, ha traspasado los límites de lo que legalmente permite el Estado de Derecho. A la orden de política de evitar el pago de 103 millones de euros dada por Paulino Rivero, el Gobierno ha puesto ante el Tribunal varias cuestiones que debe resolver. La Sala podría, si tiene voluntad, aplazar el pago hasta que el Gobierno tenga arbitradas las medidas presupuestarias necesarias para hacerlo efectivo. Puede también pedir un nuevo aval a Canteras Cabo Verde para adecuarlo a la nueva fórmula que el propio tribunal propugnó y que ya es firme.
Quedan otras puertas abiertas, entre otras que el Supremo anule el incidente de ejecución de sentencia, que la vía penal prospere, que el Supremo falle sobre el fondo del asunto antes de lo previsto, que el Banco de España intervenga que Lloyds retire el aval, que alguien se querelle contra Bittini o contra el magistrado... Quedan muchas puertas abiertas.
No creo que llegado el momento de efectuar el primer pago el Gobierno se niegue a hacerlo para desobedecer abiertamente a la Justicia. Es posible que llegue el momento de pagar y el Gobierno no tenga todo el dinero como, reiteradamente y de forma racional, ha expuesto a la Sala. Sólo puede depositar diez millones de euros hasta finalizar el año. ¿Lo interpretará Sala como una desobediencia y pedirá se deduzca testimonio?
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