El Gobierno se atrinchera

El Gobierno sólo puede pagar antes del 1 de enero del próximo año diez millones de euros. Es la cantidad que la Intervención General de la Comunidad canaria ha podido conseguir de recortes de distintos servicios. A partir del próximo año pondrá las cantidades que exige el TSJC en los Presupuestos y podrá afrontar los pagos de forma ordenada, sabiendo con qué dinero cuenta. Por lo tanto es imposible que el próximo día 21 el Ejecutivo ingrese 33,5 millones de euros en la cuenta del banco Lloyds y que Bittini pueda disponer de esa cantidad al día siguiente. ¿Es posible que la Sala de lo Contencioso arremeta penalmente por desobediencia contra el Gobierno? Entra dentro de las posibilidades reales que el juez remita a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un oficio para que abra diligencias por desacato? La decisión adoptada por el Gobierno el pasado martes avocando las competencias al Consejo es una forma de atrincherarse ante esta posibilidad. Si eso ocurre, el TSJC deberá saber que el desacato lo va perpetrar el Gobierno en peso y no dos consejeros responsables de las áreas afectadas, el de Industria y el de Economía y Hacienda. Ver en esta decisión del Gobierno un palo del presidente del Gobierno al vicepresidente es más un deseo del subconsciente socialista, obsesionado con José Manuel Soria, que una realidad. La decisión del Gobierno es un elemento más de una estrategia jurídica encaminada a retrasar el pago, a no pagar sino lo que realmente pueden pagar. Quién debe estar inquieto con esta decisión no es Soria, sino la Sala, a la que, en caso de llegar el momento, tendrá que pensarse mucho actuar contra un Gobierno al completo que tiene como argumento público la defensa del interés general.